Con el propósito de garantizar, a toda la población, una cobertura universal, gratuita y prioritaria a los servicios de salud ante un diagnostico confirmado de cualquier tipo cáncer, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, con 101 votos a favor y 1 abstención, el dictamen que propone la Ley Nacional del Cáncer.

Seguidamente, fue exonerado del trámite de la segunda votación con 99 votos, tras lo cual será enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

El dictamen, que reúne los proyectos de ley 5834, 5977, 6827, 7106 y 7127, fue sustentado por el congresista Omar Merino López (APP), presidente de la Comisión de Salud y Población, quien subrayó que el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial.

Precisó que nuestro país no está exento de este problema de salud pública, pues según el Boletín Epidemiológico del Perú, emitido por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, en el país «cada año se diagnostican anualmente más de 66 mil casos nuevos de cáncer y se estima que fallecen más de 32 mil personas por esta enfermedad”.

Por otro lado, dijo el legislador, la citada publicación señala que «desde el 2015 y, por primera vez, el cáncer representa la primera causa de muerte en el país, ya que ha ocasionado 130 defunciones por cada cien mil habitantes”. Agregó que desde el 2014 al 2018 se registraron a nivel nacional 41 208 casos nuevos de cáncer identificados en 62 establecimientos de salud.

Así también, el parlamentario observó que la incidencia de esta enfermedad en el Perú se explica en gran medida por los determinantes sociales de la salud, y entre los más relevantes para el cáncer son la pobreza, la educación y la ruralidad.

Respecto de la proyectada norma, sostuvo que, en primer lugar, se plantea el objetivo de la propuesta que tiene como fin garantizar a toda la población una cobertura universal, gratuita y prioritaria a los servicios de salud cuando tienen algún diagnóstico confirmado de cáncer, sin importar el tipo que se haya diagnosticado, toda vez que, como se ha señalado líneas arriba, existen muchos tipos y todos ellos merecen especial atención.

Por otro lado, se establece que el Estado debe de garantizar el acceso y la cobertura oncológica integral, que deberá incluir, entre otros aspectos, los servicios de prevención, promoción, control y atención oncológica en cualquiera de sus distintas manifestaciones, formas que hubiera o tengan distintas denominaciones.

“Con ello, se pretende asegurar el tratamiento oportuno y de calidad a las personas diagnosticadas con cáncer a nivel nacional, lo cual se dará en forma progresiva y, especialmente, de acuerdo con el desarrollo y la disponibilidad de los recursos”, aseguró.

En ese sentido, se prescribe que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, que es la entidad rectora en materia de salud del país, formule, implemente y evalúe la Política Nacional de Lucha contra el Cáncer.
Dicha política pública establecerá los principales lineamientos, los objetivos como país, los indicadores especializados y los estándares mínimos de cumplimiento que posibiliten una atención integral oncológica, considerando como ejes vitales, según previo análisis, la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos e investigación del cáncer, entre otros aspectos, sostuvo el legislador.

Además, dijo que se considera que en caso la persona no cuente o no se encuentre afiliada al seguro social o un seguro privado o también cuando la cobertura o las capas de su seguro sean insuficientes, el paciente deberá ser afiliado de manera inmediata y diligente al Seguro Integral de Salud, a fin de salvaguardar su derecho fundamental a la salud.

Por otro lado, se propone que se faculte al Ministerio de Salud, a través del órgano competente a utilizar mecanismos diferenciados de adquisición para aquellos productos farmacéuticos, dispositivos médicos y servicios sanitarios que sean necesarios para el tratamiento de las enfermedades oncológicas, previo sustento técnico que demuestre su eficacia de gasto frente al uso de los modelos convencionales disponibles.

Respecto de lo antes mencionado, detalló que mediante el reglamento de la presente ley el Poder Ejecutivo aprueba las distintas modalidades de estos mecanismos diferenciados de adquisición de bienes y servicios.

Así también se propone que se declare de interés nacional la compra centralizada de recursos estratégicos para la prevención y control del cáncer del subsector público, a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

Del mismo modo, se autoriza al Ministerio de Salud, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de su sector, la renovación tecnológica del equipamiento biomédico y la ampliación y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria oncológica a nivel nacional, en concordancia con la normatividad vigente.

“El proyecto debe ser considerado viable, debido a que la protección de la salud y el acceso a los servicios de salud no solo son derechos fundamentales garantizados en nuestra Constitución Política, sino también es un compromiso-deber del Estado con todos sus habitantes”, concluyó.

El debate lo inició el congresista oncólogo Absalón Montoya (FA), quien señaló que el dictamen es sumamente importante e histórico para el país.

“Durante todo este tiempo he luchado contra la enfermedad y contra el cáncer que genera mucho sufrimiento, porque no se cuenta con el respaldo necesario”, dijo el legislador al tiempo de asegurar que la proyectada norma será una herramienta para salvar vidas y permitirá darles derechos a los pacientes para la prevención, diagnóstico y tratamiento.

“Quiero felicitar la iniciativa de esta ley, porque democratiza la salud, porque los tratamientos del cáncer son muy costosos, lo cual hace necesario incidir en la prevención”, dijo César Combina Salvatierra (APP).

Por su parte, Daniel Oseda Yucra (Frepap) subrayó que la norma propuesta busca equidad y justicia en el acceso a la salud para todos y expresó su acuerdo de que se promueva una cobertura universal para los pacientes oncológicos.

A su turno, Rita Ayasta de Diaz (FP) observó que la iniciativa de ley nos detalla lo mencionado en nuestra Carta Magna en el sentido de que toda persona tiene derecho a una calidad de vida que asegure su bienestar.

“Es necesario que se aplique una política nacional de prevención, porque muy pocas personas lo pueden hacer y debe ser el Estado quien brinde el tratamiento de esta enfermedad”, dijo.

A su turno, el congresista Napoleón Vigo Gutiérrez (FP) opinó que la creación del Registro del Cáncer sea dirigida por el establecimiento más capaz. “La vigilancia debe ser del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y el registro por la unidad que presta capacidad resolutiva con el cáncer”, dijo.

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