Por amplia mayoría, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 5771/2023-CR y 7086/2023-CR que, con texto sustitutorio, propone modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635, a fin de establecer nuevos supuestos de conductas delictivas y ampliar el umbral de protección a las mujeres, personas con discapacidad, adulto mayor, centros educativos, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y centros de salud.

La iniciativa, que obtuvo 115 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, fue exonerada de segunda votación.

¿DE QUÉ TRATA?

La propuesta modifica los artículos 186 y 189 del Código Penal, Decreto Legislativo 635, a fin de establecer un nuevo marco punitivo orientado a establecer un incremento de penas y adicionar agravantes a los delitos de hurto y robo, a fin de salvaguardar de manera efectiva el derecho a la seguridad y la vida, permitiendo de esa manera efectivizar el derecho a la paz, la tranquilidad y a un ambiente equilibrado para el desarrollo de la vida de toda la Nación.

Respecto al artículo 186, referido al hurto agravado se acota que la pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el delito es cometido “sobre bienes que integren o formen parte de la infraestructura o instalaciones públicas o privadas de centros educativos o de salud, independientemente de su categoría o nivel; así como el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú”.

Asimismo, en el artículo 189, referido al robo agravado, se indica que la pena será no menor de 20 ni mayor de 30 años si el robo es cometido sobre los bienes mencionados el párrafo anterior, además de que se en agravios de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres o adulto mayor.

La norma también cuenta con una disposición complementaria que deroga el numeral siete del párrafo primero del artículo 189 del Código Penal, Decreto Legislativo 635.

BENEFICIOS

La iniciativa adecua el derecho penal a la realidad existente en el país, y, por ende, da una respuesta mediante la materialización de herramientas legales que permitan procesar efectivamente los delitos que aquejan a la población.

También contribuye a disminuir la delincuencia común en las calles, disuadiendo la comisión de estos delitos y protegiendo los bienes jurídicos como el patrimonio, la vida, y el derecho a vivir en un ambiente de paz y adecuado para el desarrollo de las personas.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL