El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen que modifica el marco normativo de la educación básica y superior, con el objetivo de consolidar el derecho a la educación de los estudiantes en condición de discapacidad.

La norma sustentada en los proyectos de ley 3072, 3355, 3378, 3718, 3743, 3898, 4329 y 4385 fue aprobada por 52 votos a favor, 14 en contra y 17 abstenciones.

La iniciativa, sustentada por el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, congresista Segundo Montalvo Cubas (PL), plantea medidas concretas que aseguran una inclusión efectiva desde el primer nivel de enseñanza hasta la culminación de estudios superiores.

“Esta propuesta busca garantizar el acceso oportuno, equitativo y de calidad para los estudiantes con discapacidad, tanto en instituciones de educación básica como en institutos técnicos productivos”, remarcó el parlamentario.

Entre las principales disposiciones de la iniciativa se destaca la obligación de difusión clara y accesible de vacantes disponibles para estudiantes con discapacidad en instituciones educativas, a través de medios visibles y plataformas digitales oficiales. Esta responsabilidad recaerá en los directores o quienes ejerzan sus funciones.

Asimismo, plantea un mínimo de dos vacantes por aula para estudiantes en condición de discapacidad, promoviendo una inclusión real y no meramente simbólica dentro del sistema educativo.

En el caso de la educación superior, el dispositivo ordena la implementación de ajustes razonables que acompañen al estudiante desde el proceso de admisión hasta la culminación de sus estudios.

Establece reserva mínima del 5 % de vacantes para personas con discapacidad en procesos de admisión en instituciones de educación superior, en cumplimiento con la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

La presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, congresista Francis Paredes Castro (PP), destacó que esta medida «promueve el desarrollo profesional de este grupo humano y reafirma el compromiso del Estado con el cumplimiento efectivo de sus derechos, no solo en educación sino también en empleabilidad futura».

Durante el debate parlamentario, los legisladores Roberto Kamiche (APP) y Alejandro Soto (APP) expresaron su respaldo a la proyectada norma, subrayando la necesidad de avanzar hacia un sistema educativo verdaderamente inclusivo. Sin embargo, el congresista Alejandro Muñante advirtió una posible duplicidad normativa con la reciente Ley 32289.

Por su parte, la congresista Hilda Portero López (AP) solicitó un cuarto intermedio para perfeccionar la propuesta. Ante ello, la congresista Paredes Castro planteó una cuestión previa para que el dictamen regrese a las comisiones correspondientes. Sin embargo, el pedido fue rechazado con 42 votos en contra.

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