El Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de ley 4316/2022-PE y 8259/2023-CR, que modifica la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, con el propósito de agilizar los procedimientos de extradición y expulsión de personas condenadas.

La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo y el congresista Américo Gonza Castillo (PL), tiene como objetivo optimizar los mecanismos de cooperación judicial internacional, garantizando la eficacia y transparencia en los procesos de extradición, sin vulnerar los derechos humanos ni el principio de legalidad.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz Mamani (PL), destacó que la proyectada norma permitirá otorgar mayor flexibilidad en situaciones excepcionales, facilitando que los trámites de extradición se desarrollen de manera ordenada y con celeridad.

Además, busca reducir la lentitud de los procedimientos de extradición, ya que las demoras afectan los derechos de las víctimas, la ejecución de las condenas y la seguridad ciudadana. Asimismo, promueve una mejor coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, para garantizar la eficacia en la persecución de delitos transnacionales.

La fórmula legal aprobada modifica el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, permitiendo que el presidente de la república, en su calidad de jefe de Estado, pueda conceder la extradición conforme al Código Procesal Penal, previo informe de la Corte Suprema de Justicia.

Además, establece que quien, mediante el uso de municiones, armas de fuego militares o civiles, artefactos explosivos u otros de similares características, cometas delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado, creando zozobra o terror en la población o en parte de ella, será reprimido con cadena perpetua.

Durante el debate, el congresista Ilich López Ureña (AP) informó haber participado en una reunión con la presidenta del Poder Judicial, el fiscal de la nación, el presidente de la república y representantes del Parlamento, donde se adoptaron acuerdos para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada, el sicariato y la extorsión.

Precisó que, en ese contexto, se acordó ajustar la redacción de la reciente norma que impone cadena perpetua a quienes cometen delitos graves, sustituyendo la conjunción “y” por “o” en los delitos de homicidio calificado o robo agravado, a fin de evitar interpretaciones amplias que afecten la correcta administración de justicia.

Por su parte, la congresista Heidy Juárez Calle (PP) resaltó que la propuesta permitirá acelerar los procedimientos de extradición mediante la participación del Consejo de Ministros y la emisión de un decreto supremo.

“Este proyecto es importante porque agiliza y recorta trámites burocráticos que impiden que la justicia sea efectiva. Permitirá que las personas que han cometido actos delictivos sean regresadas a su país con rapidez”, afirmó.

La propuesta legislativa fue exonerada de segunda votación con 81 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.

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