Por amplia mayoría, el Pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen que otorga una bonificación adicional mensual a los fiscales titulares del Ministerio Público (MP), en reconocimiento a su derecho constitucional de gozar de las mismas prerrogativas y condiciones que los jueces del Poder Judicial, según lo establece el artículo 158 de la Constitución.

La propuesta, que busca homologar la bonificación adicional mensual de los jueces, dispuesta en la Ley 32164, se sustenta en los proyectos de ley 10360, 10507, 10568, 10657 y 10673, entre otros. Fue aprobada por 106 votos a favor y 2 abstenciones, y luego fue exonerada de segunda votación por 107 votos a favor y 1 abstención.

Durante la sustentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Lady Camones Soriano (APP), subrayó que la bonificación otorgada exclusivamente a jueces mediante la Ley 32164 ha significado un trato diferenciado que vulnera el principio de equidad salarial entre ambas funciones jurisdiccionales.

“El Tribunal Constitucional ha sido claro al señalar que no puede haber diferencias que carezcan de justificación objetiva. Esta norma restablece un equilibrio justo y necesario en el sistema de justicia del país”, enfatizó Camones Soriano.

Asimismo, indicó que el dictamen responde a una demanda histórica de los fiscales, quienes hasta la fecha venían siendo excluidos de beneficios económicos que sí se otorgaban a los magistrados judiciales, lo que generaba una situación de desigualdad inconstitucional.

El dictamen aprobado dispone que los fiscales titulares recibirán una bonificación adicional mensual en función al nivel del cargo. Los fiscales adjuntos supremos y los fiscales superiores titulares percibirán el equivalente al 80 % del valor de 4.5 Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP).

Los fiscales adjuntos superiores y fiscales provinciales titulares, el 62 % de dicho valor; y los fiscales adjuntos provinciales titulares, el 40 %.

Cabe indicar que la implementación de la norma no demandará recursos adicionales al Tesoro Público, ya que será financiada con saldos de las partidas presupuestales del Ministerio Público correspondientes al año fiscal 2025 o, en su defecto, con cargo a su presupuesto institucional del año 2026.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Isaac Mita Alanoca (PL), destacó que esta medida no solo responde a una legítima demanda salarial, sino que constituye una herramienta estratégica para fortalecer el Ministerio Público, incentivar la carrera fiscal y garantizar un sistema judicial más coherente, profesional y eficiente en favor de todos los peruanos.

El congresista César Revilla (FP) señaló que “la aprobación de esta norma representa un paso firme hacia la consolidación de un sistema judicial articulado, donde fiscales y jueces cuenten con condiciones laborales equitativas”.

Asimismo, los congresistas Magaly Ruiz (APP), Alex Paredes (BMCN), Gladys Echaiz (HD), Roberto Sánchez (JP-VP), Guido Bellido (PP), Luis Aragón (AP), Diego Bazán (RP) y Ruth Luque (BDP) expresaron su respaldo a esta iniciativa que cierra brechas históricas y garantiza el principio de igualdad.

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