El Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de ley 9075/2024-CR, 9116/2024-CR, 9407/2024-CR y 10429/2024-CR, que plantea la derogación de la Ley 32064.

Esta norma garantizaba la autonomía y profesionalización de la carrera del auditor gubernamental. La votación obtuvo 83 votos a favor y una abstención.

Durante la sustentación del dictamen, el congresista Juan Burgos Oliveros (PP), presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, señaló que la derogación de la Ley 32064 es una medida necesaria para salvaguardar los derechos constitucionales de los trabajadores de la Contraloría General de la República, así como para asegurar la sostenibilidad financiera de esta institución clave para la fiscalización del Estado.

Por su parte, la congresista Margot Palacios Huamán (NoA), autora del Proyecto de Ley 9407, precisó que su propuesta se basa en diversos informes técnicos que han declarado inconstitucional la Ley 32064, lo cual fundamenta la necesidad de su derogación.

“La aplicación de la norma generó una sobrecarga de personal en la Contraloría, sin contar con el presupuesto necesario para sostenerla. Además, estableció requisitos discriminatorios por edad y la falta de financiamiento comprometía gravemente el funcionamiento institucional de la Contraloría, impidiéndole cumplir con eficacia los objetivos para los que fue creada”, afirmó.

En ese sentido, indicó que la aprobación del dictamen busca corregir una norma inconstitucional y proteger la sostenibilidad y operatividad de uno de los órganos más importantes del sistema de control del Estado.

Asimismo, la congresista Elizabeth Medina Hermosilla (BMCN), autora del Proyecto de Ley 9116, expresó su firme respaldo al dictamen.

Indicó que la Ley 32064 permitía la incorporación inmediata del personal de la Contraloría a una nueva carrera pública, estableciendo un trato privilegiado que vulneraba el principio de igualdad.

“La implementación de esta ley tendría un costo superior a los 1,500 millones de soles. En el contexto económico actual, una carga presupuestal de esa magnitud es completamente inviable y atentaría contra la sostenibilidad financiera del país”, sostuvo.

El dictamen fue exonerado de segunda votación con 83 votos a favor y una abstención.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL