Por unanimidad, el pleno del Congreso de la República aprobó cambios de fondo en la Ley de Procedimiento Administrativo General, a efectos de hacer permanente la digitalización y la sistematización de todos los procedimientos en las entidades de la administración pública.

El pronunciamiento de la asamblea legislativa fue de 100 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. Con igual votación quedó exonerada de la segunda votación, por lo que quedó expedito para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

La propuesta normativa plantea modificar el artículo 117 de la Ley 27444 para que cada entidad estatal cuente con una mesa de partes virtual y/o correo electrónico institucional al cual los ciudadanos puedan enviar sus escritos, extiendo además hasta las 23:59 horas el horario oficial de recepción de documentos.

Con la modificación del artículo 123 de la Ley 27444, se busca instalar la obligatoriedad del empleo del sistema de trasmisión de datos a distancia, tales como el facsimil o el correo electrónico, así como eliminar la obligatoriedad de la presentación posterior de la documentación física.

La pretensión de estos cambios normativos es para mejorar los servicios que brindan las entidades públicas en favor de la ciudadanía, así como coadyuvar al proceso de transformación digital que viene impulsado el Estado.

Sustentó la propuesta, la legisladora Gladys Echaiz (APP), presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, quien dijo que el dictamen tiene la finalidad de «agilizar y facilitar el procedimiento de la recepción documental digital en los actos y pronunciamientos emitidos por las entidades de la administración pública».

Por su parte, el legislador Flavio Cruz Mamani (PL), presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, dijo que el dictamen eliminará barreras burocráticas en la mesa de partes digital de las entidades estatales.

Por su parte, la autora del proyecto, congresista Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País) aseveró que la digitalización de los trámites burocráticos es un mecanismo muy eficaz y eficiente en las entidades públicas.

«Mi propuesta busca cambiar el origen y el rango de la norma que permite la notificación electrónica para que esto deje de ser una medida transitoria, justificada únicamente en la pandemia, y pase a ser una medida permanente eliminando la obligación de presentar escritos de forma física o presencial», indicó.

Lo que queremos es que el ciudadano tenga el poder de elegir cómo presentar su documentación, ya sea físicamente o digitalmente», sostuvo.

OFICINA DE COMUNICACIONES