El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría el proyecto de ley que modifica la Ley 27584, ley del Proceso Contencioso Administrativo, respecto a la intervención del Ministerio Público y a la vía procedimental. Al no haber debate, se procedió a la primera votación. 84 parlamentarios votaron a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

A pedido del presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Oliva Corrales (PPK), se procedió con la exoneración de la segunda votación, la misma que fue aprobada por 51 votos a favor, 33 en contra y 3 abstenciones.

Momentos antes, Oliva informó que durante cuatro meses anteriores se han realizado mejoras al proyecto, manteniendo el espíritu de las propuestas. Acotó que la fiscalía se enfoca en asuntos penales, la lucha contra la criminalidad, la corrupción y violencia de familiar. El mayor número de demanda administrativas es presentada contra la ONP y de EsSalud. Los mayores beneficiados serían los pensionistas y asegurados de EsSalud. Esto va a mejorar el sistema de justicia peruano, puntualizó.

Rosa Bartra Barriga (FP), presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, sostuvo que los cambios hacen más ágil el proceso. Es un dictamen fiscal que siendo favorable no compromete la decisión del caso, al no ser vinculante. Se podrá atomizarse el derecho a la tutela jurisdiccional, precisó.

ABOGADOS

Posteriormente el pleno aprobó por mayoría el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para promover y fortalecer la probidad de los profesionales que interactúan en el sistema de justicia

Oliva Corrales sostuvo que esta ley generará la verdadera probidad del ejercicio de la abogacía, buscando fortalecer el ejercicio ético profesional, perfeccionamiento académico y la responsabilidad social en todos sus niveles del derecho, estableciéndose a su vez, mecanismos de sanción administrativa, civil y penal, eficaces en caso de un mal ejercicio profesional.

A su turno la presidenta de la Comisión de Educación, Milagros Salazar, indicó que este dictamen fue aprobado el 24 de setiembre del 2018 por los miembros de la comisión que preside y que se había subsanado errores iniciales del proyecto de ley del Poder Ejecutivo ya que contenía 12 artículos y una disposición complementaria y la opinión de especialistas y de la SUNEDU, sosteniendo que no era viable, por ello la comisión preparó un texto sustitutorio.

“El contenido del proyecto no resolvía el problema de la probidad y además la probidad no es exclusiva del abogado, sino que debe tener un eje transversal a todas las profesiones” refirió.

Resaltó que este proyecto aprobado en la Comisión de Educación tendrá la finalidad de asegurar óptimo funcionamiento del sistema de justicia, la vigencia del estado constitucional de derecho, la vida en sociedad y la lucha contra la corrupción.

La congresista Marisa Glave (NP) solicitó que en esta ley sean incorporados los demás profesionales que están inmiscuidos en la administración de justicia, tales como peritos, psicólogos, ingenieros, médicos.

Finalmente se incorporó en el dictamen los aportes de la congresista Alejandra Aramayo (FP) para que también se tome en cuenta la capacitación de los profesionales del derecho solicitando a su vez la creación un colegio profesional de la docencia administrativa. (CHOY-JRG)

PRENSA-CONGRESO. 29.01.19