Con 90 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 12723 que, con texto sustitutorio, plantea establecer medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías, las cuales constituyen un servicio esencial y estratégico para la movilidad social, el empleo y la economía.

La iniciativa, que fue exonerada de una segunda votación,  tiene como autor al presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República, José Jerí Oré,  la cual consta de seis artículos y dos disposiciones complementarias finales. Esta fue dictaminada por las comisiones de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las drogas; y de Transportes y Comunicaciones.

La presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes Fonseca, sostuvo que el dictamen se sustenta en la necesidad de una respuesta estatal excepcional frente a un fenómeno criminal de carácter estructural y organizado. Cabe precisar que se trata de un texto consensuado con las instituciones intervinientes como los ministerios del Interior; de, Transportes y Comunicaciones, Poder Judicial, Ministerio Público, el MEF, Justicia y los gremios de transportistas, entre otros.

“Las extorsiones y sicariatos en el transporte público afectan no sólo la economía popular, sino también el principio de seguridad jurídica y el derecho fundamental a la vida”, señaló.

Paredes Fonseca explicó que la propuesta plantea la creación de un registro nacional de empresas de transportes vulnerables, la intervención temporal de rutas y concesiones bajo riesgo delictivo, el intercambio de información entre la SUNAT, la SBS y Policía Nacional para detectar lavado de activos.

Igualmente, se propone la supervisión especial de terminales para el Ministerio del Interior y la coordinación de fiscalías especializadas en crimen organizado por casos vinculados.

Las medidas extraordinarias planteadas no sustituyen el marco penal ordinario, sino que lo fortalecen con herramientas de inteligencia operativa y coordinación interinstitucional, aseguró la titular de la Comisión de Defensa Nacional.

“Esta ley constituye una respuesta constitucionalmente legítima y técnicamente necesaria para restaurar la confianza en el Estado y garantizar el orden interno. La Comisión de Defensa Nacional reafirma que el principio de seguridad ciudadana como bien jurídico superior, artículo 44 de la Constitución, (que) impone al Estado el deber de actuar preventivamente, sin esperar la consumación de delitos graves”, enfatizó la congresista Paredes Fonseca.

Compromiso

El presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori Celis, sostuvo que el dictamen es uno de los acuerdos y compromisos adoptados en las siete mesas de trabajo que se vienen realizando con la participación del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación y de los gremios de transportistas.

“Con la aprobación de esta norma se cumplirá plenamente lo acordado el día 2 de octubre. El objetivo principal de esta norma es establecer un marco legal extraordinario que permita al Estado prevenir, enfrentar y reparar los efectos de la criminalidad organizada en el sector de transporte que realizan bajo las modalidades de extorsión y sicariato mediante acciones articuladas entre diversas entidades públicas, con énfasis en prevención financiera y operativa”, acotó.

Refirió que el dictamen documenta más de 128 víctimas de atentados entre agosto de 2024 y octubre de 2025; en Lima y Callao se registraron 65 fallecidos.

“El cobro de cupos se ha transformado en un sistema criminal de control económico y territorial. Hay insuficiencia del marco legal actual, pues las normas vigentes no permiten una acción integral ni preventiva frente a delitos como la extorsión y el sicariato, que afectan gravemente la seguridad ciudadana y el derecho al trabajo”, puntualizó.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL