Para proteger a escolares de instituciones públicas y privadas
Plantean modificar el Decreto de Urgencia 019 – 2019
Centro de Noticias del Congreso
13 Ene 2020 | 16:12 h
Las congresistas Lizbeth Robles y Milagros Salazar coincidieron en señalar la necesidad de mejorar y modificar el Decreto de Urgencia 019 – 2019, cuyo objetivo es proteger a los escolares delas instituciones públicas y privadas, ya que -advirtieron- no se ajustaría a criterios objetivos para sancionar a profesores y ciudadanos en diversos delitos.
Esta posición la expresaron este viernes 10 de enero, durante la reunión del grupo de trabajo que revisa ese dispositivo legal. Asistieron los representantes de Poder Judicial, juez supremo José Neyra Flores; del Colegio de Profesores, Luis Palacios; del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y el presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad de Cañete.
El Decreto de Urgencia 019 establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas.
Al respecto, el juez supremo José Neyra expresó su preocupación por la incorporación de una medida preventiva en base a una sola denuncia que se haga ante la policía o administrativamente.
¿Basta solo con una denuncia?, se preguntó. Dijo que “el tema está en cuál es el estándar de la información que se va requerir, porque a cualquiera le pueden denunciar y suspenderlo de su trabajo”.
También informó que el Poder Judicial está trabajando a través de sus 34 cortes superiores, un registro de personas condenadas o procesadas a nivel nacional por delito de terrorismo, apología del mismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas, como lo refiere esta norma.
Dijo que dicho registro estará a disposición de las autoridades educativas.
A su turno, el representante Colegio de Profesores del Perú, Luis Palacios, también expresó su preocupación por la falta de precisiones en relación al delito y sus procedimientos, toda vez que habría que precisar el procedimiento de separación y sanción de los maestros incursos en estos tipos de denuncias.
“Nos preocupa que por una simple denuncia o sospecha, se separe de forma inmediata al profesor, vulnerando sus derechos por lo que no compartimos parte de este decreto y que merece reformularlo con más precisiones o estándares legales al respecto”, manifestó Luis Palacios del Colegio de Profesores.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
Guillermo Portal García, dirigente nacional del SUTEP, mostró su preocupación por la vigencia del Decreto de Urgencia y consideró que la norma debe revisarse porque estaría vulnerando los derechos del magisterio nacional.
“La norma no es clara ni precisa en diversos aspectos. En un evento cualquiera un profesor puede ser denunciado por un alumno, padre de familia o ciudadano alguno de forma intencionada y no tendría el tiempo suficiente para defenderse porque será separado de forma inmediata de acuerdo al Decreto de Urgencia. Se vulneraría algunos derechos de los maestros del país”, expresó el dirigente.
Las congresistas Milagros Salazar y Lizbeth Robles, luego de escuchar las opiniones de los invitados, coincidieron en la necesidad de revisar y corregir el decreto porque no abarcaría de forma integral a los responsables de actos delictivos en los centros educativos del país.
“No solo se debe sancionar al profesor, se debe ampliar las sanciones a la parte administrativa, es decir, los funcionarios y directores que determinan de forma directa o indirecta la contratación de docentes. Se debe incluir a todos con equidad”, consideró la congresista Milagros Salazar.
En esa misma línea de opinión su colega Lizbeth Robles, refirió que los delitos se deberían acreditar fehacientemente para evitar abusos e injusticia cuando no son flagrantes.
También reflexionó para tener cuidado y vigilancia sobre el accionar de un reducido grupo de profesores que realizarían apología en diversos centros educativos del país y que deberían ser sancionados.
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PRENSA-CONGRESO 10-01-2020
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