La congresista Hilda Portero López (AP) sustentó esta tarde su iniciativa legislativa que plantea declarar día nacional de la persona sorda y el día de la lengua de señas peruana, ante la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, presidida por el congresista Luis Kamiche Morante (PD).

Indicó que su proyecto de ley tiene por objeto declarar el cuarto domingo del mes de setiembre de cada año, como el “Día Nacional de la Persona Sorda”, así como también el 23 de setiembre de cada año como “Día de la Lengua de Señas Peruana”, como testimonio de la lucha constante de la Comunidad Sorda para alcanzar el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos en los ámbitos de la vida en sociedad; asimismo, se reconozca, se respete y se permita expresarse en su idioma natural, originario y patrimonio intangible de la Nación, que permita a las personas sordas participar activamente en el desarrollo y destino del Perú.

Señaló que la celebración de estos dos días debe incluirse en el calendario escolar y en el calendario festivo nacional, a fin que las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil promuevan y realicen acciones de visibilización de la sordera y el rol del intérprete en la Comunidad Sorda.

«También debemos concientizar a la salud auditiva que contribuyan al acceso a servicios públicos y privados, educación, mercado laboral, salud y demás ámbitos de la vida en sociedad en lengua de señas, de conformidad a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, interseccionalidad, participación y diálogo social, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente ley», sostuvo.

ARCHIVO

El grupo de trabajo archivó el dictamen que plantea incluir un artículo en el Código Penal para penalizar a los funcionarios públicos y empleadores privados que incumplan  la cuota de empleo para personas con discapacidad establecida en la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

Según la propuesta, indicaba que los funcionarios de las entidades públicas que, en forma discriminatoria, omiten o se rehúsan a establecer la cuota de empleo para personas discapacitadas en una proporción no inferior a un 5% de la totalidad de su personal, serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de tres años y el pago de una multa de 100 Unidades Impositiva Tributaria (UIT).

Asimismo, el empleador privado que cuenta en su empresa con más de 50 empleados y que en forma discriminatoria, omite o se rehúsa a establecer la cuota de empleo en una proporción no menor a un 3% para personas discapacitadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años y al pago de una multa de 100 UIT.

OFICINA DE COMUNICACIONES