El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, por 105 votos a favor y 14 abstenciones, la Ley que dispone que el Poder Judicial designe transitoriamente a juzgados exclusivos para la protección y sanción de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

El nuevo texto sustitutorio fue sustentado por la legisladora Leslye Lazo Villón (AP), presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, quien explicó que el Poder Judicial, a través del Consejo Ejecutivo, transitoriamente y hasta que concluya el proceso de implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, designe por lo menos un juzgado de especialidad de familia, un juzgado de investigación preparatoria y uno especializado en materia penal, en cada distrito judicial.

“La designación se hará en un plazo que no excederá los 30 días calendario”, señala el texto aprobado.

Además, establece que, en un plazo de 15 días naturales, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emita directivas y protocolos necesarios para la redistribución y transferencia de la carga procesal de los juzgados designados con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley y no se incurra en causales de nulidad.

Los procesos iniciados antes de la vigencia de la presente ley seguirán tramitándose ante el órgano jurisdiccional que conoció el proceso.

La norma también dispone que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial informe semestralmente a la Junta Nacional de Justicia la producción de los órganos jurisdiccionales designados a los que se refiere la presente norma para que actúen conforme a sus atribuciones.

Respecto al financiamiento, consigna que se financiará con cargo al presupuesto institucional del Poder Judicial.

En su intervención, la congresista Carolina Lizárraga (PM), presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, recordó que en el 2019 se suscitaron 1391 feminicidios en el país. “Corresponde establecer normas para regular estos execrables delitos y agilizar su tratamiento”, dijo.

Por su parte, la legisladora Arlette Contreras (NoA), autora de una de las iniciativas, afirmó que es necesario que funcionarios de justicia tengan herramientas necesarias para juzgar con mayor celeridad y se permita el acceso inmediato a la justicia en caso de violencia contra a la mujer y miembros de la familia.

“Se quiere brindar garantías necesarias a las víctimas de violencia, que estas cuenten con medidas de protección y así evitar más casos de feminicidio. Es necesario que el Congreso diga basta a la violencia”, manifestó.

Lima, 5 de setiembre de 2020

PRENSA-CONGRESO