Autoridades regionales y municipales con sentencias en primera instancia, por delitos contra la administración pública, deben ser suspendidas en sus cargos para que no se aprovechen y usen recursos del Estado en su defensa.

Así se plantea en una iniciativa legislativa, cuyo autor es el congresista Posemoscrowte Chagua Payano (UPP), quien expuso ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la legisladora Leslye Lazo Villón (AP).

Chagua Payano dijo que es un clamor popular luchar contra la corrupción de autoridades que son elegidas y que una vez en posesión de sus cargos incurren en diversos delitos, como lo que ha venido sucediendo en el país.

El legislador indicó que estarían incursos en su propuesta las autoridades regionales y municipales acusados de cometer delitos de cohecho, soborno, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, concusión, colusión, peculado, malversación, entre otros.

Se refirió a números casos, entre ellos los más conocidos, los presidentes regionales de Áncash, Callao, Loreto, Tumbes, Pasco y Cusco, entre otros. De igual manera a autoridades municipales distritales y provinciales, como en los casos de Junín, Cusco, Lima, Arequipa, Áncash y Cajamarca.

Sostuvo que su Proyecto de Ley N.° 5353/2020-CR articula a la política de anticorrupción que se está aplicando desde el Estado, como la última modificación a la Constitución sobre los impedimentos de postular a cargos de elección popular o ejercer función pública a quienes están dentro de un proceso judicial.

Señaló que, de ser absuelto en el proceso penal, el presidente regional o el alcalde reasumiría su cargo, caso contrario, se declararía su vacancia.

A la sesión fue invitada, en representación del Ministerio de Justicia, Fátima Acurio Carreño, quien se manifestó de acuerdo con la iniciativa en su objetivo, pero recomendó distinguir y afinar, entre lo que lo que significa el impedimento de postular a un cargo y suspenderlo de él.

La congresista Martha Chávez Cossío (FP) dijo que con la aprobación de esa norma que impide la postulación de candidatos sancionados en primera instancia, se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, que es un principio fundamental.

NOTARIOS

Más adelante, la comisión recibió al presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú, Mario César Romero Valdivieso, para que dé a conocer la opinión institucional sobre el Proyecto de Ley N.° 5650/2020-CR de autoría del congresista Carlos Mesía Ramírez (FP), que propone modificaciones al Decreto Legislativo N.° 1049, del notariado.

La aprobación de la propuesta permitiría la creación de 2020 plazas a nivel nacional, que en la práctica significaría un total de 2600 notarios para una población de más de 32 millones de habitantes.

Destacó la función del notario público frente a la ciudadanía, de la fe pública como instrumento de seguridad para garantizar las transacciones y todo lo que implica la competencia en el servicio notarial.

Dijo que el número de notarios está definido por la ley actualmente sobre la base del aspecto poblacional, demográfico y a la actividad económica.

Indicó que la propuesta solo establece un criterio para la creación de plazas, lo que distorsiona la seguridad jurídica como principio constitucional, sin tener en cuenta el número de personas que lo requieren, en forma pronta y efectiva.

Por su parte, el miembro de la junta directiva de la Junta de Decanos, Marco Villota Cerna, sostuvo que es necesario cuidar al notario, porque cumple una función muy valiosa y que es importante defender la estructura y la defensa del trabajo notarial.

Indicó que un aspecto para tener en cuenta es el nivel del movimiento contractual y de la actividad económica y comercial, que no tiene que ver con el volumen poblacional.

Por eso, señaló que la eliminación del movimiento económico presentado en la propuesta legislativa produce una distorsión de la realidad y no se identifica cuál es esa demanda existente del notario público.

Asimismo, dijo que tener solo en cuenta la población es vez de ver el tema en forma subjetiva, que tiene que ir acompañado con el criterio económico y la seguridad jurídica. “Si se amplía el número de plazas tendríamos a un notario haciendo dos escrituras públicas a la semana”, anotó.

El autor de la propuesta, el congresista Mesía Ramírez, demandó precisiones y se identificó con el interés de los ciudadanos en cuanto al servicio y los precios que se cobran.

Asimismo, ofreció algunos cambios en su propuesta legislativa, entre ellos, agregar al criterio poblacional el comercial y económico.

PRENSA-CONGRESO