El Pleno del Congreso inició el debate del informe final que recomienda sancionar a la congresista María Elena Foronda Farro con la suspensión en el ejercicio de su cargo y descuento de sus haberes por 60 días de legislatura.

            Después de una serie de planteamientos y opiniones sobre el caso, los congresistas también abordaron lo que significó para el país las acciones de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. La sesión se reiniciará las 3:30 pm.

          La congresista Foronda solicitó la contratación de Nancy Esperanza Madrid Bonilla, como asistente de su despacho congresal el 12 de enero de 2018, pese a que ella tuvo  pleno conocimiento de que había sido condenada a 18 de años de pena privativa de la libertad como autora del delito de afiliación terrorista en agravio del Estado, informó la presidenta de Comisión de Ética, Janet Sánchez, al sustentar el informe.

            Dijo que el caso se originó en un reportaje emitido 13 mayo de ese año en el programa periodístico Panorama, el cual dio a conocer que la congresista Foronda solicitó la contratación de Madrid Bonilla.

            La parlamentaria subrayó que era un riesgo contratar a una persona que no se sabe fehacientemente si se ha apartado de sus afiliaciones ideológicas tras haber cumplido una sentencia de 18 años por pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

            “La congresista Foronda solicito la contratación y omitió informar al respecto”, sostuvo Sánchez. El informe concluye que Foronda ha infringido los artículos 1 y 2 y lo dispuesto en el literal f) del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria. Dicho informe fue aprobado por mayoría en su oportunidad.

            Al respecto y en su defensa, María Elena Foronda expresó su total disconformidad y rechazó el documento en todos sus extremos. Reafirmó su convicción de creer en el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Dijo que el propósito de la acusación es debilitar al Frente Amplio, partido al que pertenece. “Desde mi punto de vista este informe debe ser archivado”, dijo la legisladora.

            “Jamás he contratado, solicité -como todos nosotros- sabiendo que había cumplido 18 años de prisión”, dijo Foronda. Aclaró que  cuando se produjo la contratación no había ningún impedimento porque ya había cumplido con su condena y estaba rehabilitada.

            Observó que la propuesta de un congresista no garantiza una contratación porque se trata de un procedimiento administrativo del Parlamento que se hizo correctamente y no fue observado.

             “Al no haberse tipificado la falta, no existe una sanción, no se infringió el Código de Ética y no he cometido ninguna falta ética”, dijo Foronda. Afirmó que siempre ha respetado el estado del derecho y la ley.

EL DEBATE

            Durante el debate, la congresista Lourdes Acorta Suero (FP) dijo una persona que tuvo vínculos con agrupaciones terroristas no debe ingresar a trabajar en el Estado porque la ideología se queda en el cerebro.

            No se trata de reunir requisitos, sino del criterio, la decencia, el dolor, la sangre de las víctimas. ¿No son los suficientes requisitos para estimar una contratación en el Estado?,  preguntó. ¡Es la conciencia y el dolor que a muchos no les importa!, sentenció Alcorta quien posteriormente planteó que la sanción sea de 120 días.

            “Acá piden humanidad para esa gente maldita que le hizo tanto daño al país y  lo sumió en la pobreza. Defienden a una persona que se ha resocializado y ¿por qué no  la contratan en su casa?”, dijo por su parte  la congresista Karla Schaefer ante el Pleno.

            El congresista Humberto Morales (FA)  señaló que la congresista Foronda ha presentado argumentos legales para sustentar que no le corresponde esa sanción y que a su entender responde a una decisión que fue elucubrada a medianoche. “Aluden a los artículos 1 y 2 y/o el artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria, por si acaso le cae”, sentenció el legislador.

            Afirmó que en este caso se ha cumplido la ley y que si se ha cumplido la ley no existe motivación para que haya sanción. “La motivación es otra. La bancada ratifica que deslindamos con aquellos que han violentado la patria y lo dice quien viene de Ayacucho”, dijo Morales, en tanto que el congresista Roberto Vieira pidió objetividad en el debate porque muchos pensaran que los miembros del MRTA debieron ser fusilados, sin embargo hay políticos que también hicieron daño al país y de ellos no se dice nada.

            Por su lado, el legislador Justiniano Apaza (FA) sostuvo que la parlamentaria no ha cometido ningún delito al contratar a esa persona, porque ella no lo determina, sino que es el sistema administrativo del Congreso que solicita la contratación y en ningún punto hace una observación. “Hablar de Foronda es hablar de una mujer de solidas convicciones que muchas quisieran tener en este Parlamento”, sentenció el legislador.

            Marco Miyashiro dijo que “lo que estamos viviendo ahora es producto de haber borrado en los libros de historia de educación secundaria el sufrimiento del pueblo peruano por las hordas terroristas que nos atacaron”; en tanto que su colega Luz Salgado pidió reflexionar sobre si todos los que han cumplido prisión por terrorismo han sido rehabilitados.

            Denunció que a ella le  hicieron seguimiento como parte de un plan estratégico para tomar el Congreso de la República y cuestionó que ingresen a laborar personas que pongan en peligro al Parlamento y en riesgo la seguridad de algunos legisladores.

            En otro momento, el congresista Alberto Quintanilla (NP) dijo que la contratación era legal porque la persona ya está rehabilitada, en tanto que Maritza García (APP) planteó que el informe retorne a la Comisión y que se modifica la sanción por amonestación.

La sesión matutina fue suspendida a las 1: 46 pm para ser reanudada a partir de las 3:30pm.

PRENSA CONGRESO