Los docentes sentenciados con pena suspendida por delito doloso no deben tener la posibilidad de reingresar a la docencia, señalaron los congresistas Flor Pablo Medina (ID) y Roberto Chiabra León (APP), quienes pidieron al Ministro de Educación, revisar detenidamente el DS N° 015 publicado el 14 de este mes.

Pablo Medina indicó que la norma en mención modifica el DS 004, que es el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y flexibiliza su contenido. “Antes, el decreto supremo decía que todo delito doloso significaba destitución, ahora lo que dice es que solamente es en el caso que tenga que ver con cárcel efectiva, o sea un ladrón que no tenga cárcel efectiva, pero si tiene condena puede estar en nuestras aulas”, anotó.

Por su lado, Chiabra León, quien se manifestó preocupado por la norma que modifica la del 2013, dijo que en comunicación con el Ministerio de Educación, no ha recibido una respuesta satisfactoria sobre si está vigente el Registro de Personas Condenadas y Procesadas por terrorismo y delito de apología y si han acreditado ante el Poder Judicial funcionarios responsables de recibir la lista actualizada cada trimestre.

El congresista consideró que el ministro Rosendo Leoncio Serna Román, no conoce mucho de leyes, y que puede no darse cuenta de que se está flexibilizando la norma, lo cual puede dar lugar a que personas que han sido sancionadas o enjuiciadas por terrorismo u otro delito, puedan volver al sistema educativo. Sería un retroceso, precisó.

Seguidamente, se comprometió a entregar toda la documentación del caso a la presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Gladys Echaíz de Núñez Izaga (RP), para que vea el caso y lo converse con el ministro sobre las modificaciones a la norma.

Por su lado, el responsable de la cartera respondió que tiene que haber la plena convicción y la garantía de que quienes no pueden seguir ejerciendo la profesión de docente, tiene que cumplirse; y los que tienen sentencia condenatoria efectiva tienes que ser destituido automáticamente.

Asimismo, señaló que revisará la norma, pero dejó en claro que está garantizada el cumplimiento irrestricto de lo que dice la norma.

Por cerca de cuatro horas la comisión escuchó las respuestas del ministro del sector, quien concurrió a la sede del Palacio Legislativo para responder a las interrogantes de los legisladores de ese grupo de trabajo parlamentario sobre distintos temas educativos.

Fue durante la quinta sesión ordinaria de la comisión, en la que el titular del portafolio de Educación, respondió sobre distintas materias, formuladas por los integrantes de la comisión, en la sesión del pasado 4 de octubre.

Las consultas estaban referidas a la elaboración del curriculum nacional de la educación básica; acceso a internet y equipos tecnológicos, las estrategias para el cierre de brechas digitales en Loreto y el país, las encargaturas y acceso a cargos directivos, concurso público de acceso a cargos directivos y de especialistas en educación, beneficios y pago de asignaciones, aprendizajes, educación intercultural bilingüe y textos de inicial, primaria y secundaria, con contenido vinculado a ideología de género.

Asimismo, sobre las observaciones formuladas por el Presidente de la República a la Autógrafa de la Ley que modifica la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes y sobre el estado de las Escuelas e Institutos Superiores de Formación Artística y otros.

Las interrogantes fueron presentadas por los congresistas Flavio Cruz Mamani (PL), Flor Pablo Medina (ID), Alejandro Muñante Barrios (RP), Mery Infantes Castañeda (FP), Karol Paredes Fonseca  (AP), Juan Carlos Mori Celis ( AP), Eduardo  Castillo Rivas (FP) y Tania Ramírez García (FP).

Antes, el congresista Waldemar Cerrón Rojas (PL) expuso su propuesta de ley que fortalece la política remunerativa de los auxiliares de educación de las instituciones educativas públicas.

OFICINA DE COMUNICACIONES