La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó, por unanimidad, solicitar la priorización en la agenda del Pleno del dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa de ley que sanciona el acaparamiento, la especulación y la adulteración en las zonas declaradas en estado de emergencia por desastres.

La iniciativa, aprobada debido a los efectos del fenómeno del Niño Costero, se encuentra pendiente de ser incluida en la agenda del Pleno desde junio de 2017, luego que fuera observada en mayo de ese año por el Poder Ejecutivo.

Así mismo, el grupo de trabajo que preside el parlamentario José Luna Morales (PP) acordó solicitar que sean derivados a esa comisión los PL 4920, 4938, 4976, 5048, 5223, y 5222/2020-CR, que proponen que la tipificación de esos delitos sea también aplicada en las zonas declaradas en estado de emergencia.

Ese requerimiento se hace con el fin de que la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos elabore el dictamen con carácter de urgencia y atender esa problemática que actualmente vive la población peruana debido a los efectos de la pandemia del covid-19.

EXPOSICIÓN

En la sesión del sábado 16, la legisladora Carmen Omonte Durand ¡APP), sustentó el PL  04861/2020-CR , referido a la materia antes señalada, siendo el único, hasta el momento, derivado a ese grupo de trabajo.

Omonte refirió que existe la necesidad de normar y prohibir los actos de especulación de precios y acaparamiento de productos medicinales y alimenticios en situaciones de emergencia como los que hoy vive el país por la pandemia del coronavirus.

“Es inadmisible que existan instituciones comerciales y grupos económicos en nuestro país que aprovechen de la necesidad y emergencia de nuestro pueblo para lucrar de la forma más vil, que atentan contra de la población especialmente de los sectores más pobres y vulnerables. Tenemos que regular y poner orden en relación a este caso”, manifestó la congresista de APP.

Los infractores, según la iniciativa, deben ser sancionados de acuerdo a lo que establece el artículo 234 del Código Penal (pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con 90 a 180 días-multa); y asimismo propone la restitución del artículo 233 del Código Penal, entre otros aspectos.

Luego de la sustentación del proyecto, los parlamentarios José Ancalle (FA), María Luisa Silupu (FP), Yeremi Espinoza (Podemos), y Zenaida Solís (PM), dieron a conocer su preocupación y rechazo a las formas especulativas y de acaparamiento que se vienen dando en nuestro país, en medio de la pandemia del coronavirus, principalmente al interior del país.

En esa misma línea de opinión, los legisladores Marcos Pichilingue (FP), Rodolfo Gutarra (Frepap), Ramos Zapana (UPP), y Rolando Campos (AP) cuestionaron las malas prácticas especulativas y de concertación que atentan contra la salud y la economía de la población principalmente a los sectores más necesitados y contra quienes están infectados con el Covid 19.

Finalmente, se anunció que la Comisión se reunirá el lunes 18 , con el fin de recibir a funcionarios de la DIGEMID y SUSALUD y abordar la problemática antes descrita.

lima, 16 de  mayo de 2020

PRENSA-CONGRESO