La Comisión Investigadora de la atención de los niños y las familias afectadas con exceso de plomo en sangre y demás metales tóxicos en zonas mineras de Pasco y otras regiones del  país -que preside el congresista Idelso García (APP)- recibió a la representante de la Defensoría del Pueblo, Luz María Méndez Quispe, quien tomó nota del pedido de varios legisladores para que esta entidad sea fortalecida con la finalidad que pueda sancionar a las empresas mineras que destruyen el medio ambiente.

Fue el congresista Pasiòn Dàvila Dávila Atanasio (PL) quien planteó la necesidad de modificar la normatividad con la que hoy actúa la Defensoría del Pueblo porque «no hay control a las empresas que hacen daño a la población. No hay sanciones».

El congresista pidió explicaciones a la representante de la Defensoría del Pueblo respecto a la labor que cumple esta entidad de rango constitucional, a lo que Méndez Quispe dijo que «lo que se hace es identificar los pasivos mineros y se supervisa y se exige a las empresas causantes de la contaminación que sean responsables de la remediación».

Méndez Quispe informó que a julio del 2021 existían 7668 pasivos ambientales mineros y aseveró que las regiones de Áncash, Pasco y Cajamarca ocupan los primeros puestos en el ránking de la contaminación minera en el país.

OFICINA DE COMUNICACIONES