Pobladores del distrito de Comas pidieron este sábado 20 el compromiso del Congreso de la República para fiscalizar el alza de las tarifas de los servicios públicos, y obligar a las empresas prestadoras a cobrar el consumo real y con justicia

Fue durante la audiencia pública «En defensa del usuario de luz, agua y gas de Comas», organizada por la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que preside la congresista Claudia Coari Mamani (DD).

En el evento, realizado en local central de Pueblo Joven Año Nuevo, se congregaron centenares de vecinos de este populoso distrito para hacer escuchar sus quejas por el cobro excesivo de las tarifas de agua y luz eléctrica, así como el alto costo de la conexión domiciliaria del gas natural.

«El pueblo está cansado de estos atropellos. Hemos sido olvidados por las autoridades», dijo José Vásquez Burga, representante de los vecinos de Comas.

Al respecto, la congresista Claudia Coari saludó la unidad de los habitantes de Comas que permitirá que se escuche su voz para lograr el respeto a sus derechos como el acceso al agua potable, entre otros.

Así mismo, pidió el compromiso de todos los actores políticos para defender los intereses de los consumidores y no de las grandes empresas.

            Coari también solicitó al Ministerio de Vivienda y Construcción tener una posición ser clara y responder si  se va a privatizar a Sedapal.

La audiencia contó con la presencia del legislador Yonhy Lescano (AP-FA), quien anunció que insistirá en su propuesta legislativa para eliminar de los recibos telefónicos el pago de la renta básica.

            Así mismo, lamentó que la empresa suministradora de agua potable no cobre por ese servicio a las grandes empresas, como son las cerveceras o cementeras.

“No pagan porque dicen que usan agua del subsuelo y eso no debe ser porque ellos lucran con el agua. Entonces, la tarifa del agua no está bien establecida”, acotó.

            En otro momento, Lescano pidió revisar la estructura de los costos de los servicios públicos, y que las tarifas no dependan del valor del dólar.

            También informó que reciente la Comisión de Constitución del Congreso aprobó declarar el acceso al agua potable como un derecho humano. Para ello, se plantea modificar el artículo 2 de la Constitución Política, explicó.

En la audiencia pública también estuvo el parlamentario Manuel Dammert (DD) quien cuestionó los altos cobros que realiza la empresa Calidda a los usuarios del gas natural.

Denunció que la citada empresa estaría cobrando 2,200 soles por la conexión domiciliaria a pobladores de una zona de Los Olivos. “Cómo es posible. Esa empresa hace lo quiere, eso es ilegal y es causal de nulidad de contrato”, cuestionó.

En otro momento, lamentó que, debido al malestar de los usuarios por los cuestionados medidores de agua, se estaría buscando enfrentar a la población con la empresa Sedapal, con el fin de justificar su privatización.

“Hay que defender Sedapal y hay que acabar con los medidores de mala calidad”, anotó.

En la cita también estuvieron representantes de Sunass, Osinergmin, de Calidda, de Edelnor, entre otros.

PRENSA-CONGRESO (ac)

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