El pedido del Poder Judicial al Congreso para hacer efectiva la sentencia condenatoria impuesta al congresista Edwin Donayre Gotzch (APP), deberá ser analizado por la Comisión de Constitución y Reglamento a fin de determinar si corresponde o no el levantamiento de inmunidad de arresto.

            Así lo aprobó, mediante una cuestión previa,  la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que fue dirigida por el congresista César Vásquez (APP), secretario del grupo de trabajo, ante la ausencia de su presidenta Luciana León (CPA) y de su vicepresidente Octavio Salazar (FP).

            Durante la sustentación de su propuesta, el congresista Carlos Tubino (FP) dijo que Donayre fue procesado con el Código Penal de 1940 que establece que procede frente a una  sentencia  firme y ejecutoriada. “Eso es lo que queremos. La sentencia en el caso presente no es firme ni está ejecutoriada en primera instancia”, expresó.

            Indicó que Donayre está en posibilidad de presentar un recurso de nulidad del  fallo o apelación como se establece en el nuevo Código y que deberá ser resuelto por el Poder Judicial. “Una vez resuelto quién se va a oponer. Por qué el Poder Judicial insiste sin haber resuelto el tema”. 

            Tubino argumentó que en el Reglamento del Congreso no se establece un procedimiento determinado para la tramitación de una solicitud de levantamiento de inmunidad de arresto, ni se ha determinado en qué circunstancias procede.

            Asimismo, recordó que un principio jurídico señala que las normas que restringen derechos siempre se interpretan a favor de la persona y no en contra. En ese sentido, insistió en que solo procede el levantamiento de inmunidad de arresto en caso de sentencia firme y que tenga la calidad de cosa juzgada.

CUESTIÓN PREVIA

            Tubino sostuvo que existe un vacío en el Reglamento del Congreso y que el grupo de legisladores encargado de interpretarlo es la Comisión de Constitución y Reglamento. Planteó una cuestión previa para que resuelva el caso.

            Puesto al voto, fue aprobado por mayoría, cinco votos a favor contra dos, con la abstención de Vásquez Sánchez.

Indicó que no se trata de trasladar el documento a la comisión, sino de que determine las causales de arresto de los congresistas.

            Por su lado, Alberto Quintanilla (NP) se ciñó al artículo 16 del Reglamento del Congreso, que señala que la comisión evalúa los actuados y determina que solo exista motivación de carácter legal y no de otra índole o diferencia discriminatoria.  

            Marco Miyashiro (FP) preguntó quién le devuelve la privación de su libertad con un procedimiento judicial no concluido y dijo que el error del Poder Judicial de encarcelar a los enjuiciados en primera instancia no significa que el Poder Legislativo tenga que hacer lo mismo con los parlamentarios.

            Edmundo del Águila (AP) dijo que, independientemente de las interpretaciones, el Congreso de la Republica tiene la  facultad de poder manejar el tema técnicamente.

            Finalmente, el grupo de trabajo decidió posponer para una próxima sesión el pedido del congresista Marco Arana (FA) de constituir una mesa técnica multisectorial de inmunidad parlamentaria conformada por el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Policía nacional del Perú. (MED)

PRENSA CONGRESO