Congresistas de diversas bancadas demandaron activar e implementar los centros de emergencia mujer (CEM) para brindar apoyo psicológico y legal a las víctimas de violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes.

Fue el viernes 5 durante el desarrollo de la sesión de la Comisión de Mujer y Familia, que preside la parlamentaria Elizabeth Medina Hermosilla (PL), en la que participó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand Hermosilla.

La legisladora Jessica Córdova Lobatón (Avanza País) afirmó que en sus visitas inopinadas a los centros de emergencia mujer en la ciudad de Chiclayo y Lambayeque ha podido constatar falta de personal y abandono en alguna de ellas.

“En la Comisaría de San Martín de Porres en Lambayeque, el CEM estuvo cerrado, había un número telefónico para que se comunique en caso de emergencia, llamé hasta en 15 oportunidades y nunca me respondieron. No había nadie quien atienda”, dijo.

Agregó que, en el mismo Lambayeque en la Comisaria Dos de Mayo, el CEM se encontraba cerrado, porque el personal estaba realizando trabajo remoto. “Una mujer violentada tiene que ser atendida, esa mujer llega herida psicológica y físicamente, no puede ser posible que todo el personal se encuentre haciendo trabajo remoto”, sostuvo.

En la misma línea, Noelia Herrera Medina (RP) solicitó la implementación de los centros de emergencia en el Callao, teniendo en cuenta que solo hay 21 comisarías, de las cuales en ocho se brinda atención de emergencia a la mujer.

Señaló que el CEM que funciona en la Comisaría de Pachacútec registra ochos denuncias diarias por violencia, por lo que pidió se pueda otorgar mayor presupuesto para el 2022 por el grado de incidencia que se tiene en ese sector.

“La población de Pachacútec está conformada por 300 mil habitantes y la incidencia es de ocho denuncias por día, tanto en tema de violencia doméstica, familiar; motivo por el cual las madres y mujeres no tienen soporte ni psicológico ni legal”, manifestó.

A su vez, la legisladora María Cruz Zeta Chunga (FP) expresó que combatir la violencia contra la mujer debe ser una prioridad para el Estado, pues de los 296 centros de emergencia mujer que existen en el país, el 60 % funciona dos días de semana; el 72 %, en horario de oficina; el 5 %, solo los sábados. Mientras que el 68 % cuenta con un solo profesional para la atención legal y patrocinios de casos; el 69 %, con un solo psicólogo; y el 43 % no se da abasto para atender a la demanda de atención legal y psicológica.

Con relación a los CEM que funcionan en las comisarías, sostuvo que el 31 % ha sido debidamente acondicionado, para el 70 % se ha pedido presupuesto para las mejoras, pero hasta la fecha no ha sido atendido, el 18 % no necesita hacer mejoras en infraestructura, sin embargo, el 72 % no cuenta con una rampa de accesibilidad para las personas que acuden en sillas de rueda y el 37 % no cuenta con servicios higiénicos habilitados para que las personas accedan a un servicio de calidad.

Agregó que en el departamento de Piura, con más de dos millones de habitantes, cuenta con solo ocho CEM distribuidos en los distritos y provincias, por lo que solicitó la instalación de un CEM en el distrito de la Unión para combatir la violencia contra la mujer.

En respuesta a ello, la titular de Midis señaló que ya hay un plan de vuelta a la presencialidad que se ha dispuesto desde el 1 de octubre en un 100 %, salvo los casos de morbilidad que ya están volviendo en un 96 %, asegurando también la vacunación del personal que era clave.

Además, se está haciendo la evaluación en general de los servicios que presta el programa Aurora, entre ellos los CEM tienen varios años en prestación y que hay que modernizarlos y actualizarlos en relación a la demanda que tienen las mujeres.

“Hay que fortalecer los CEM, mejorar su infraestructura, su logística, personal y también brindar el acompañamiento técnico psicológico, es un trabajo duro y difícil”, puntualizó.

El grupo de trabajo también escuchó la ponencia de Sergio Tejada Galindo, director ejecutivo del Programa Integral Nacional para el Bienestar de la Familia (Inabif) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien dio detalles de los albergues ubicados en San Antonio y el de Hermelinda Carrera, entre otros puntos.

En el caso de San Antonio en el Callao, señaló que la obra cuenta con una ejecución física de 100 %, una ejecución financiera acumulada de 77.94 % y que es un proyecto que no va culminar este año, pero que en la ejecución financiera del 2021 alcanza el 78.8 %. El componente de obra fue alcanzado en junio y se encuentra en proceso el proceso de equipamiento.

Con respecto al centro  Hermelinda Carrera afirmó que se tuvo una dificultad, porque la empresa contratista abandono la obra, la dejó a incompleta; por lo que se ha iniciado un proceso de arbitraje. Agregó que hasta el momento la ejecución física es de 59.26 %, la ejecución financiera acumulada es de 52.04 %, y la ejecución financiera a este año es del 100 %.

OFICINA DE COMUNICACIONES