En Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

Piden incremento de recursos para luchar contra la violencia y la delincuencia

Centro de Noticias del Congreso

30 Oct 2024 | 19:28 h

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República recibió a los titulares de los pliegos vinculados a la investigación y aplicación de la justicia en la lucha contra la criminalidad y la violencia contra sectores vulnerables, los que coincidieron en demandar mayores recursos para el cumplimiento de su labor.

En efecto, así lo señalaron el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, el fiscal (i) Juan Carlos Villena Campana y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Yza, quienes solicitaron el apoyo de la comisión que preside la congresista Lady Camones Soriano (APP).

PODER JUDICIAL
El presidente del Poder Judicial demandó un incremento de recursos por 44 383 837 de soles para destinarlos a la implementación de unidades de flagrancia en Puno, Amazonas, Apurímac, Ucayali, Lima y Callao. También en los distritos de Puente Piedra y San Martín de Porres.

Indicó que un problema que tiene ese sector es que los juicios terminan con sentencia, pero no se ejecutan, por lo que se necesitan juzgados de ejecución, para lo cual demandó una partida de 33 625 252 de soles.

Arévalo Vela planteó la aprobación de propuestas legislativas, como la destinada a autorizar el manejo autónomo de los recursos directamente recaudados; autorización para la contratación de personal CAS; la aprobación de la nueva escala remunerativa; el aumento de las retribuciones a los trabajadores contratados CAS el DL 1057 y otros.

Subrayó que se ha reducido el número de servidores judiciales y que en el Perú existe un déficit de magistrados, pues solo hay 10.9 jueces por cada 100 mil habitantes.

Fiscal de la Nación
Por su lado, el presidente interino de la Fiscalía de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, indicó que el presupuesto asignado para el 2025 es menor en 25% al del Poder Judicial en referencia a los 2,921 millones fijados por el Ministerio de Economía y Finanzas, cifra también menor al del año pasado.

Dijo que se requiere del apoyo de 700 peritos judiciales, 120 médicos, 31 nuevos técnicos y 137 psicólogos entre otros especialistas de Medicina Legal, que sirve de soporte a las investigaciones de la fiscalía.

Villena Campana pidió 1,482 millones de soles adicionales para el fortalecimiento y operatividad en los distritos fiscales. También 106 millones para cerrar brechas de personal CAS; y para que la Junta Nacional de Justicia llame a concurso y nombrar a fiscales titulares.

Justicia y DDHH
El titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, indicó que el presupuesto asignado a su sector asciende a 2,559.82 millones de soles, para atender los requerimientos del Instituto Nacional Penitenciario, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y la Procuraduría General del Estado, además del despacho ministerial.

Dijo estar a la espera de que se señale la fuente de financiamiento de 3 mil millones de soles para la infraestructura de penales.

La congresista Isabel Cortez Aguirre (BDP), denunció que se ha “invitado a renunciar” a un funcionario que le permitió hacer una visita sorpresiva a un centro de rehabilitación de jóvenes donde pudo constatar la difícil situación en que se encuentran.

El ministro rechazó cualquier acción que impida el ingreso de los parlamentarios a los recintos y se comprometió a averiguar lo ocurrido.

Ministerio de Defensa
Finalmente, el ministro de Defensa, Walter Enrique Astudillo Chávez, sustentó el presupuesto asignado a su pliego en el año fiscal 2025, que asciende a 8,893.1 millones de soles, lo que representa el 3.5% de participación del presupuesto nacional; y que implica un aumento de 2.8% respecto al del 2024.

El congresista Roberto Sánchez Palomino (JP-VP), llamó la atención en que solo el 7% del total del presupuesto está destinado a inversiones. En la misma línea se pronunció el congresista José Arriola Tueros (PP).

Camones Soriano preguntó sobre el otorgamiento de concesión de la playa Las Conchuelas en Chimbote, por parte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), por 30 años a una empresa privada para servicios comerciales, con lo cual están en desacuerdo el alcalde y la población. El ministro se comprometió a investigar el caso.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

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