Obras de saneamiento paralizadas desde el 2010 en once provincias de Cajamarca, por más de 600 millones de soles, deben ser investigadas y los responsables de este perjuicio a miles de pobladores deben ir a la cárcel, expresó el congresista Segundo Tapia (FP), representante de esa región.

El parlamentario indicó que el miércoles 11 solicitará a la Comisión de Fiscalización la formación de un grupo de trabajo y, probablemente, la elección de sus integrantes para que se investigue el caso que afecta no solo a su región, sino también al país.

Dijo que la financiación, procedente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), fue en el 2010 en que se tenía que empezar las obras de 300 millones de soles, pero con las ampliaciones solicitadas, han llegado  a 600. Sin embargo, a la fecha no hay resultados, cuando las obras debieron ser entregadas en el 2012.

El parlamentario  responsabilizó a quienes estuvieron al frente del gobierno regional, entre ellos a Gregorio Santos y al actual representante regional Porfirio Medina.

“Ellos son responsables de las obras abandonadas. Ellos deben responder por la catástrofe en esas zonas, donde está la población más pobre”, afirmó tras indicar que a cargo de las obras estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora de Programas Regionales (Pro Región) del gobierno regional de Cajamarca.

Consideró que es tiempo de retomar el tema y que se forme el grupo de trabajo, el mismo que debe concluir con su labor entre 60 a 90 días, habida cuenta que ya existen informes avanzados de la Contraloría General de la República y de la fiscalía.

El legislador señaló que en el 2011 hizo la denuncia respectiva ante la Comisión de Fiscalización, pero que, en el 2015, corresponde concluir y determinar quiénes son responsables. Indicó que en el presente período ya concurrió a dar sus declaraciones la consejera regional Lilian Cruzado y que ha sido citado para los próximos días el gobernador regional.

“Es necesaria la formación de un grupo de trabajo que investigue el caso”, anotó el legislador, quien expresó que “existe un lugar para los responsables de la paralización de obras tan importantes para la región y que ese lugar  es la cárcel”. “Que le caiga el peso de la ley, caiga quien caiga”, anotó. MED

PRENSA-CONGRESO*

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