Por la aplicación de la misma metodología en sus transacciones con entidades públicas seguida por empresas corruptas, el congresista Daniel Salaverry (FP) pidió el martes 6 la cancelación del contrato de concesión del Sistema Único de Recaudo y Control de Flota suscrito entre la municipalidad de Trujillo y la empresa Recaudo Electrónico SAC, subsidiaria de la constructora  Graña y Montero Digital (GMD).

El parlamentario señaló que, al igual que en otros casos que hoy son investigados como son las empresas vinculadas con Odebrecht, Graña y Montero Digital resultó ser la única que se presentó al concurso, pero además se modificaron los plazos establecidos sin que se hubiese firmado una adenda.

“Esta es una modificación sustancial, que  no puede hacerse sin que se haya recibido las opiniones del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la Republica. Un acta, como la firmada, no es legal”, afirmó tajantemente.

Además, indicó que no se cumplieron algunos plazos como el de implementación y ejecución previsto para el pasado 15 de abril. De igual manera la etapa pre-operativa  de nueve meses tampoco fue cumplida y menos la cifra mínima del 50 por ciento de la flota adherida, es decir la firma de mil 500 transportistas en apoyo de la concesión.

Fue durante la sesión de la Comisión de Transportes y Comisiones, que preside el congresista Guillermo Bocángel (FP), a la que se presentó el alcalde provincial de Trujillo, Edilio Espinoza Quispe, convocado por ese grupo de trabajo  por iniciativa de Salaverry Villa.

Durante el interrogatorio sobre aspectos del contrato de concesión, Salaverry Villa advirtió a Espinoza que el grupo de trabajo podría  adquirir funciones de Comisión Investigadora, y por lo tanto estar en capacidad de solicitar el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones, por lo que le recomendó decir la verdad. Similar advertencia hizo su compañero de bancada Roy Ventura (FP).

El burgomaestre explicó que la reforma del transporte público para su jurisdicción, programada desde la gestión anterior, comprende entre sus componentes la implementación de un Sistema Único de Recaudo y Control de Flotas, que fue sujeto a licitación.

Indicó que durante los 90 días reglamentarios la única empresa que se presentó fue GMD, por lo que fue declarada ganadora del concurso del contrato que establecía un plazo de 20 años de concesión y una inversión referencial de 22 millones de dólares con renovación de 18.2 millones.

Durante su exposición justificó la extensión del plazo  de seis meses “por existir las condiciones para continuar con la reforma por acuerdo de partes entre el municipio provincial de Trujillo  y el concesionario”.

Edwardt Berrocal, regidor de la comuna trujillana, invitado también por la comisión a iniciativa de Salaverry, puso énfasis al destacar que no hubo firma de una adenda, sino un acta suscrita “por acuerdo entre las partes”. De igual manera, consideró necesaria la cancelación del contrato.

A la reunión concurrió el gerente de Transporte del municipio, Carlos Cipriano, quien quiso aclarar que “no hubo una ampliación del plazo, sino una extensión”, lo que provocó la ironía del congresista Salaverry, quien recordó la frase de otro funcionario municipal de que “el puente no se cayó, sino que se desplomó”.

Los funcionarios entregaron la documentación del caso al titular del grupo de legisladores, para estudiar los detalles del mismo y decidir próximamente si se constituyen en Comisión Investigadora.

PROYECTOS

Durante la sesión fue aprobada, por mayoría, la iniciativa de autoría de la congresista Karla Schaefer (FA), que plantea establecer un nuevo régimen de admisión temporal de aeronaves y material aeronáutico. Una propuesta para integrar al transporte terrestre, presentado por el congresista Justiniano Apaza (FA) no prosperó.

Más adelante fueron expuestas unas propuestas que serán vistas durante sesiones descentralizadas que tendrán lugar en el presente mes.

El congresista Edwin Vergara (FP) explicó su iniciativa que plantea establecer cero llamadas ilegales en los establecimientos penitenciarios del país.

Asimismo, su colega de bancada, Karina Beteta, hizo lo propio sobre su proyecto de ley que propone alcances de la Ley N° 28972, Ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos.

El congresista Lucio Ávila Rojas planteó el establecimiento de la formalización del transporte terrestre de pasajeros de ámbito regional y nacional en vehículos de categoría M2 de la clase II y III.

Bocángel Weydert recordó que para el lunes  19, en sesión extraordinaria, está prevista la visita del ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra Monteverde, para exponer su plan de trabajo y responder a las inquietudes de los integrantes de la comisión.

SESIONES DESCENTRALIZADAS

El presidente de la comisión también recordó que está programada la realización de las sesiones descentralizadas en Ayacucho, el próximo martes 13 y en el Cusco el martes 20.

En Ayacucho será vista la propuesta del congresista Joaquín Dipas (FP) relacionada con la incorporación de los vehículos de la categoría M1 dentro de los alcances de la Ley 28972, Ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos. En el Cusco se verá la propuesta de los representantes de esa región, como el de Vergara Pinto. (MED).

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