.Ministerio de Justicia todavía no ha fijado monto de reparación civil que constructora debe pagar al Estado peruano por comisión de delitos.

.Congresista advierte sobre inusitada rapidez de operación de venta a consorcio China Three Gorges por US$ 1,400 millones.

Estado perdería US$ 688 millones hasta el 2032 de mantenerse obligación de adquirir electricidad a Chaglla y otras dos hidroeléctricas.

La congresista Rosa María Bartra, presidenta de la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga los pagos de sobornos, coimas y dádivas de consorcios brasileños, emplazó hoy al Gobierno a explicar cuanto antes los compromisos que haya asumido con la empresa Odebrecht para permitir la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla, en plena operación en Huánuco-

En ese sentido, la parlamentaria Rosa Bartra remitió requerimientos de información a la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio del Ambiente para que informen los detalles de la inusitada rapidez en la anunciada operación de venta de la totalidad de acciones que Odebrecht tiene en la empresa Generación Eléctrica Huallaga S.A. encargada de la construcción y gestión de Chaglla.

El día de hoy hemos sido informados que el Gobierno del Presidente Martín Vizcarra habría aceptado la propuesta de Odebrecht para desprenderse de sus activos en Chaglla. Sin embargo, no se ha conocido ninguna medida para cautelar los intereses del Estado, señaló la congresista Bartra.

De acuerdo a la versión recibida, Odebrecht ha ofertado la Central Hidroeléctrica Chaglla al consorcio China Three Gorges por un monto de US$ 1,400 millones. Chaglla pertenece al grupo empresarial Odebrecht, que ha reconocido la realización de actos de corrupción para obtener contratos favorables con el Estado peruano, por lo que tiene la obligación de pagar una suma de dinero por concepto de reparación civil.

Cautelar recursos

En los requerimientos a las diferentes instancias del Ejecutivo, la Comisión Investigadora Multipartidaria, pide se informe sobre las medidas que se ha adoptado para garantizar el pago de la reparación civil y, sobre todo, para asegurar que las condiciones irregulares que consiguió el grupo empresarial Odebrecht no se mantengan y se evite una pérdida económica tan significativa para nuestro país.

Al respecto, al momento de licitar la compra de energía producida por Chaglla y otras dos hidroeléctricas, el gobierno peruano asumió el compromiso a cargo de ElectroPerú de adquirir por un periodo de 15 años la producción de energía eléctrica sin que hubiese necesidad para ello. La pérdida acumulada hasta el momento es de 99 millones de dólares y se calcula una pérdida proyectada acumulada, hasta el 31 de diciembre de 2032, de US$ 688 millones.

En tal sentido se hace referencia a la obligación de cautelar los recursos del Estado peruano y conforme a la disposición del inciso 4.1., segundo párrafo, artículo 4 de la Ley N° 30737.

Procesos judiciales

La titular de la Comisión Investigadora también señaló que el Ejecutivo debe dar cuenta de los diferentes procesos judiciales pendientes con Odebrecht y otras empresas consorciadas. Incluso, sobre el arbitraje que ante el CIADI ha planteado la empresa española Enagás, con el fin de recuperar US$ 500 millones que habría invertido en el Gasoducto Sur Peruano, en el que veían participando en sociedad con Odebrecht y Graña y Montero.

De la misma manera, señaló que el Ejecutivo debe informar también sobre la situación de la demanda que presentó Odebrecht contra el Estado peruano por supuesta vulneración de las normas de protección y seguridad jurídica para los inversionistas.

Lima, 18 de julio de 2018

Comisión Investigadora Multipartidaria