La empresa estatal PetroPerú sería sancionada con 15,000 Unidades Impositivas Tributrarias (UIT), por no haber adoptado medidas de prevención ni cumplido con el programa de adecuación al medio ambiente (PAMA) y mantenimiento del oleoducto norperuano, que originaron los dos recientes derrames de petróleo que han puesto en peligro la vida y la salud de 20 comunidades y afectado a importantes ríos y más de 70 mil metros cuadrados en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto.

Al mismo, tiempo, la empresa deberá tomar medidas cautelares inmediatas de remediación ambiental en el plazo de tres meses, además de proceder a la limpieza de los ríos y las áreas afectadas, proporcionar la ayuda alimenticia y sanitaria que requieren las poblaciones aledañas que dependen de su hábitat, e indemnizarlas por los daños ocasionados.

Las medidas sancionadoras fueron dadas a conocer en la sesión del martes 1 organizada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, con la presencia de los ministros de Energía y Minas y del Ambiente, Rosa María Ortiz Ríos y Manuel Pulgar-Vidal, respectivamente, y los principales funcionarios de las instituciones involucradas en la problemática.

Ellos explicaron el estado actual del derrame de petróleo ocurrido el 25 de enero en el río Chiriaco, ubicado en el distrito Imaza, provincia de Bagua, Amazonas; y el 3 de febrero en la localidad de Morona, y las medidas que se habrían implementado para remediar el daño al medio ambiente y a las poblaciones adyacentes

A la reunión, presidida por la congresista Leyla Chihuán Ramos (FP), asistieron también los presidentes de Petroperú, Germán Velásquez Salazar; de Osinergmin, José Pacheco Tamayo, y del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, Luis Campos Baca;  y el jefe de la OEFA, Hugo Ramírez Gómez.

Además, expusieron sus puntos de vista el alcalde de Imaza, Otoniel Danducho Akintui la profesora Carmen Gómez Callejas, del colegio Fe y Alegría 62, de la localidad de Washapea, a orillas del río Chiriaco, quienes criticaron la falta de prevención de las autoridades responsables del derrame petrolero, y la tardía reacción para acudir en auxilio de las comunidades afectadas.

Responsabilidades

En la reunión el ministro Pulga-Vidal, tras expresar que el Gobierno “rechaza, lamenta y repudia” que se produzcan derrames de crudo, refirió que PetroPerú había sido multada en octubre del año pasado con 3,200 UIT  (más de 12 millones de soles), por no haber cumplido con aplicar el PAMA y no realizar el mantenimiento adecuado al oleoducto norperuano, pese a los requerimientos que se le hicieron.

Por su parte, el titular de OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) adelantó que el 4 de marzo se iniciará un proceso sancionador abreviado para penar drásticamente a PetroPerú por haber afectado gravemente la vida y la salud de las poblaciones nativas; ser reincidente en este caso de accidentes; no haber cumplido con adoptar las medidas preventivas que se le exigió el 16 de febrero y que debió cumplir en un plazo de siete días.

A su vez, Pacheco Tamayo, de Osinergmin, detalló que PetroPerú no había cumplido con realizar el mantenimiento adecuado al oleoducto, desde el año 2011, lo que ha originado alrededor de 20 derrames petroleros, los más graves de los cuales se produjeron el 26 de junio y el 12 de julio de 2014 en las cuencas de los ríos Cuninico y Marañón; aparte de los ocurridos a principios de este año.

Propuestas

El presidente de PetroPerú afirmó que el reciente derrame de crudo había provocado “consternación y dolor” a su administración, por lo que ha iniciado un proceso de ‘saneamiento’ administrativo y financiero de la empresa, con el objetivo principal de optimizar sus operaciones a futuro.

Velásquez Salazar informó que la empresa había iniciado de inmediato la distribución de bidones de agua y paquetes con víveres, a la vez que procedió a  indemnizar a las comunidades de acuerdo al área afectada.

Anuncio, además, que la empresa se había comprometido a aplicar soluciones de largo plazo, entre ellas construir pozos artesianos (destinados a formar manantiales con aguas subterráneas), en cada una de las 19 comunidades afectadas; habilitar vías de comunicación  entre las comunidades para que puedan sacar sus productos hacia el puerto de Saramiriza y construir piscigranjas en las comunidades que las soliciten.

Al respecto, el presidente del IIAP se comprometió a proporcionar los alevinos (de diferentes especies) que sean necesarios para que las comunidades se dediquen a la piscicultura y críen peces para su propio abastecimiento y su comercialización.

Cuestionamientos

No obstantes las explicaciones de los funcionarios, el congresista Eduardo Nayap Kinin (NGP), cuestionó la entrega de ayuda a las comunidades afectadas, poniendo como ejemplo el caso de la localidad de Imaza que a más de un mes de ocurrida la tragedia, aún no recibía la ayuda prometida por PetroPerú.

El parlamentario informó que recién esta mañana habían llegado a la zona “mil bidones vacíos y diez mil paquetitos de alumbre para purificar el agua”.

La legisladora Marisol Pérez Tello (PPC-APP) criticó que se declarara estados de emergencia y se dispusiera una serie de acciones, pero no se destinara el presupuesto necesario para llevarlos a la práctica.

La demora en la llegada de ayuda y la falta de medidas de prevención y de mantenimiento del oleoducto, fue criticada también por los congresistas Claudi Coari (DyD), Johnny Cárdenas Cerrón (NGP) y Lourdes Flores (CP), aunque con diferentes tonos.

Finalmente, se acordó realizar una reunión conjunta en la localidad de Imaza, con la participación de congresistas de la Comisión, representantes del Gobierno y de las instituciones vinculadas al tema, con las autoridades y representantes de las comunidades de la zona afectada por los derrames.

La fecha será determinada luego de las coordinaciones que se hagan para ello. (JVS)

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