La Comisión de Justicia aprobó por amplia mayoría (21 votos a favor y uno en contra), el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6186/2023CR, que, con texto sustitutorio, propone modificar el Artículo 125 del Código Penal, Decreto Legislativo 635, para tipificar el delito de exposición de personas al peligro por arrojo de residuos sólidos en cauces naturales.

A través de esta iniciativa se incorpora  el artículo 125-A en el Código Penal, Decreto Legislativo 635, Decreto Legislativo 635, la figura del “peligro por arrojo indebido de residuos sólidos en cauces naturales”.

La propuesta del congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País), precisa que quien “expone a otras personas a peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud, arrojando residuos sólidos en el cauce, lecho, ribera o faja marginal de un río o quebrada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”.

También se planteaba que, “en el caso de personas jurídicas, será responsable el gerente general”. Sin embargo, esta acotación fue cuestionada por la congresista Martha Moyano (FP), quien argumentó que los delitos son individuales.

Ante ello, el parlamentario Cavero Alva solicitó el retiro de este texto.

Asimismo, se introduce el Artículo 125-A-2, la cual establece que “la pena será no menor de cuatro ni mayor de seis años, si el agente utiliza camiones u otro tipo de maquinaria pesada para arrojar los residuos sólidos, o si, como consecuencia de la conducta, se causa daño a obras de infraestructura pública”.

Al sustentar la propuesta, el presidente de la Comisión, Isaac Mita Alanoca (PL), sostuvo que la acumulación de desmonte en las riberas de los ríos o quebradas y otros, durante el fenómeno de El Niño y temporadas de lluvias, provoca la pérdida de vidas y serios daños en las viviendas de los colindantes y no colindantes.

Delito y no falta

Sin embargo, no tuvo el mismo destino la iniciativa 05571/2022-CR, de autoría del congresista Víctor Cutipa Ccama (JP-VP), que planteaba modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para penalizar como falta contra las buenas costumbres el arrojo o abandono de residuos en espacios públicos naturales y culturales.

La propuesta fue rechazada con 11 votos en contra, ocho a favor y dos abstenciones, por estar legislada y tipificada como delito y no como falta.

En otro momento se aprobó con 11 votos a favor, siete en contra y una abstención el dictamen que propone fortalecer mecanismos de control en los terminales portuarios del país, para controlar con mayor rigurosidad la salida de concentrados polimetálicos, no metálicos y metales preciosos.

Se trata de la propuesta 9778, de autoría del congresista Waldemar Cerrón Rojas (PL), que tiene el objeto evitar fugas de recursos que son fuentes importantes de recaudación e ingresos a favor del erario nacional.

En otro momento, la Comisión también aprobó, con cargo a redacción (con 16 votos a favor y cuatro en contra), el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7869/2023-CR, de autoría del congresista Américo Gonza Castillo (PL) que, con texto sustitutorio, plantea modificar la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General para promover la simplificación administrativa.

De acuerdo a la iniciativa, con las modificaciones se fortalecerán el principio del debido procedimiento administrativo, garantizando a los ciudadanos derechos fundamentales, contribuyendo a una gestión pública más transparente, equitativa y orientada al servicio del ciudadano.

Otra de las iniciativas aprobadas fue el Proyecto de Ley 06744/2023-PE, que, con texto sustitutorio, propone la ley que modifica el Decreto Legislativo 1400 que aprueba el Régimen de Garantía Mobiliaria, para otorgar a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos el ejercicio de la función de ejecución coactiva. La propuesta recibió 16 votos a favor y cinco en contra.

Sustentaciones

De otro lado, la congresista Katy Ugarte Delgado (BMCN), sustentó el Proyecto de Ley 11072/2024-CR, la cual propone el traslado de reos de alta peligrosidad a las cárceles de El Salvador, vía convenio entre Perú y la nación centroamericana.

La congresista Diana Gonzales Delgado (Avanza País), hizo lo propio con su iniciativa  09890/2024-CR, que plantea restringir el ingreso de deudores alimentarios a eventos deportivos y espectáculos de entretenimiento.

El congresista Guido Bellido Ugarte (PP), en forma similar, expuso su propuesta 1156-2024-CR, que plantea la ley que integra a los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo 1057 del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), al Régimen Laboral 728.

Finalmente, el congresista Alex Paredes Gonzales (BMCN), argumentó su Proyecto 11061/2024-CR, que propone modificar el artículo 279-G del Código Penal a fin de precisar los alcances de la tenencia ilegal de armas de fuego, garantizar la proporcionalidad de las penas aplicables y fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las armas de fuego en el territorio nacional.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL