La Comisión de Educación, Juventud y Deporte solicitará al Pleno del Congreso las facultades para investigar “las irregularidades advertidas en la elaboración, edición, revisión, reproducción, adquisición y distribución de los materiales educativos de Educación Básica”.

De acuerdo a la moción de orden del día, esa situación “ha originado una afectación económica al erario nacional y un perjuicio al derecho de acceder a una educación pertinente y de calidad en perjuicio de los alumnos de las instituciones educativas públicas del país, acrecentando la crisis estructural del sistema educativo peruano».

El acuerdo fue tomado por unanimidad por el grupo de trabajo que preside la legisladora Milagros Salazar (FP), quien informó que la moción respectiva ya fue presentada ante la Presidencia del Congreso a fin de que sea incluida en la agenda del Pleno convocado para este martes 16.

«Es un tema que merece ser investigado a fin de esclarecer los hechos. Esto debe ser un punto de quiebre para garantizar una educación de calidad para nuestros niños y adolescentes, y que no quede en un discurso”, anotó Salazar De la Torre.

Agregó que se trata del ejercicio de control político que le corresponde a la Comisión que preside. “Esto no es obstruccionismo. Los daños a nuestros niños y el impacto de estos textos deben tener responsables, no solo técnicos, sino políticos”, aseguró.

NUEVO PLAZO

En otro momento, también se aprobó solicitar al Pleno un nuevo plazo de 60 días y las facultades respectivas para que la Comisión de Educación pueda concluir con las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la contratación de consultorías y asesorías, contratación personal en general y para el proceso de licenciamiento, pagos de servicios de publicidad, otorgamiento de licenciamiento y otros que pudieran surgir en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria-SUNEDU.

DICTÁMENES APROBADOS

De otro lado, la Comisión de Educación aprobó, por unanimidad, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3061/2017-CR por el que se propone la Ley del Deportista de Alto Nivel, de autoría de la legisladora Leyla Chihuán (FP).

La propuesta, explicó Chihuán, establece medidas para facilitar la formación, preparación y asegurar el retiro del deportista calificado de alto nivel en condiciones dignas.

Entre los beneficios que se les otorgará están: contrato laboral especial sujeto al Decreto Legislativo 728, protección de derechos laborales, seguro médico y la posibilidad de afiliarse a un sistema de pensiones (ONP – AFP)

Asimismo, se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3627/2018-CR por el que se propone la ley que incluye la décimo cuarta disposición complementaria final y una cuarta disposición complementaria modificatoria a la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.

La propuesta tiene como objeto precisar la autonomía doctrinal axiológica, académica, administrativa y de gobierno de los institutos y escuelas de educación superior de convenio por acción conjunta de la Iglesia Católica y el Estado peruano.

INVITADOS

La Comisión recibió al superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, Carlos Benavides Abanto, quien informó sobre la implementación de la Ley 30220, Ley Universitaria, sobre el proceso de licenciamiento y funciones, puntos críticos en la gestión universitaria pública y privada, impacto en la empleabilidad y formación integral y avances y cambios para fortalecer el sistema universitario.

También se presentó la presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE- , Carolina Barrios Valdivia, quien se refirió sobre el proceso de acreditación institucional de universidades públicas y privadas, los puntos críticos en la gestión universitaria pública y privada, y otros temas.

PRENSA-CONGRESO