Los funcionarios que usan el pasaporte diplomático, serán suspendidos en ese derecho si se les impone orden de impedimento de salida del país, en cualquier etapa de la investigación preparatoria o juicio oral  y si son parte de un  procedimiento de extradición, según aprobó por mayoría, la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside la congresista María del Carmen Alva Prieto (AP).

Estas nuevas condiciones se sumarán a las que se encuentran previstas en la norma como el caso de que perderán ese derecho si fueron separados de su cargo, fue levantada su inmunidad parlamentaria, o tienen sentencia judicial condenatoria firme.

De esta manera, la comisión planteó la modificación de la Ley N° 23274, en la que se señala a los funcionarios que tienen derecho al uso de ese importante documento. Justamente, la finalidad es garantizar el correcto uso del pasaporte diplomático.

El dictamen respectivo recae en el proyecto de ley N.º 03726/2022- CR, de autoría del congresista Alejandro Soto Reyes (APP) quien presentó como motivo la existencia de un nuevo panorama en el que la justicia tiene dificultades para obrar en personas vinculadas a actos irregulares o fuera de la ley, como ha ocurrido en numerosos casos en los últimos años.

También se plantea que en los casos de pérdida del derecho al uso del pasaporte diplomático, perderá su vigencia de manera definitiva; en los casos de suspensión, pierde vigencia de manera temporal, mientras dure la suspensión, sin perjuicio de la caducidad del mismo.

El Poder Ejecutivo aprobará el reglamento en un plazo no mayor de 60 días calendario contados a partir de su entrada en vigor.

De otro lado, la titular de la comisión puso en debate al predictamen recaído en el proyecto de Resolución Legislativa N.º 4710/2022-PE, que propone aprobar el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, relativo al Acuerdo sobre subvenciones a la pesca.

A pedido del congresista Carlos Ernesto Bustamante Donayre (FP) quien solicitó conocer la opinión del Instituto del Mar (IMARPE) se postergó su debate y votación para una próxima sesión.

Dado que el tema es técnico, fueron invitados representantes de la Cancillería y del Ministerio de Comercio Exterior y turismo (MINCETUR), Pablo Moscoso y Josefina Del Prado, respectivamente, quienes indicaron que Perú no forma parte de la convención en referencia, pero que se dejaba constancia, en forma unilateral, de que no afectaba en sus derechos a nuestro país.

La respuesta dejó dudas en Bustamante Donayre y pidió la opinión de la institución científica.

INFORME DE FRONTERAS

Durante la sesión, fueron invitados representantes de los ministerios del Interior y Defensa, para informar con relación a las amenazas fronterizas internas y externas en la zona del Alto Putumayo, en el departamento de Loreto.

El coronel PNP Walter Olivos Romano, director de Control de Drogas y Cultivos Ilegales  de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior, se refirió a zonas de frontera con Brasil, Colombia y Ecuador, donde dijo se ha podido detectar a operadores extranjeros que están afectando la seguridad  y la defensa del desarrollo nacional.

“Hay una aparición permanente de lo que es el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos como minería ilegal deforestación, trata de personas, entre otro. Se observa una cantidad considerable de sembrío de hoja de coca y laboratorios enquistados en estas áreas”, manifestó.

Dijo que en determinadas zonas hay presencia de las exFARC, que se encuentran mapeados como amenaza terrorista, “pero que están en una suerte de descanso a la espera que se produzcan en su país para actuar”. Nos preocupa su presencia porque están armados”, dijo.

Dijo que en Loreto tienen dos puestos de vigilancia fronteriza con diez efectivos y con poca logística, con problemas de tránsito y falta de comunicación.

Por su lado, el general Jorge Luis Chaparro Pinto, viceministro de Políticas para la Defensa, del Ministerio de Defensa, quien dijo que la frontera de la amazonia tiene características particulares por su extensión.

Indicó que la legislación establece el apoyo de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas Policiales frente a la crisis migratoria en una zona donde hay amenazas del narcotráfico.

Indicó que en la zona de frontera las amenazas son el tráfico ilícito de drogas, la tala ilegal de madera, la minería ilegal y el crimen organizado.

Sostuvo que hubo mejoras sustanciales, pero insuficientes para atender al personal que cuida y vigila las fronteras, y que se están llevando a cabo acciones, las mismas que deben ser aumentadas para resguardar esa parte del país.

Alva Prieto comentó que todos los peruanos quieren que se apruebe mayor presupuesto para las fronteras,  para un problema que tiene muchos años. “No creo que haya un congresista que se oponga a mejorar recursos para esta función”, expresó.

Al inicio de la sesión se aprobó en forma unánime, la incorporación del congresista Bustamante Donayre a la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Rumanía; y la renuncia de la congresista María Cordero Jon Tay (FP) a todas las ligas parlamentarias a las que estuvo vinculada, en respuesta al pedido de su bancada.

OFICINA DE COMUNICACIONES