Situaciones que forman parte de la realidad y que no se pueden cambiar por una ley, y precisiones para velar por los intereses del niño y del adolescente, propiciaron la aprobación de un cuarto intermedio en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para estudiar con mayor seriedad y responsabilidad las propuestas de prohibición del matrimonio de menores de edad.

A mayor estudio también será sometida la propuesta por la cual, con la sola autorización de uno de los padres, se posibilitará el viaje notarial por motivos de estudio o salud, del hijo menor de edad.

En el primer caso se trata del predictamen que recoge las iniciativas legislativas de los congresistas Luis Ángel Aragón Carreño (AP) y Flor Pablo Medina (ID).

Durante el debate los congresistas Jorge Morante Figari (FP) y Gladys Echaíz de Núñez Izaga (RP), entre otros, coincidieron en que las uniones de hecho de menores de edad están siendo común en estos tiempos; y más aún en comunidades del interior del país.

Morante Figari señaló que la propuesta sería posible en casos de menores de 18 años con dispensa judicial, debidamente justificada, para poder contraer matrimonio, porque a partir de los 16 años ya hay menores que tienen buena capacidad de discernimiento. “En otros países ya se está pensando, y en algunos ya se aplica, la disminución a 16 años la mayoría de edad, aunque no es común todavía”, reflexionó.

Echaíz de Núñez Izaga, por su lado, sostuvo que se tiene que legislar en razón a la realidad y refirió que en la actualidad se considera que a partir de los 14 años cesa la incapacidad en temas administrativos y de justicia referidos a sus hijos; y que no debería aprobarse una prohibición absoluta.

“Qué pasaría si la pareja vive con normalidad, pero por la ley estarían impedidos de casarse. Esa persona (la mujer) no podría pedir alimentos, no podría suceder en caso de muerte de su concubino; no podría ser parte de la sociedad de bienes que puede generarse a raíz de la unión de hecho”, dijo.

Hizo ver que hoy los menores de edad forman familia a temprana edad y que negar esa realidad a través de un mandato legal es complicado. Asimismo, destacó, que en el interior del país, en las comunidades nativas, son parte de sus usos y costumbres.

El congresista José María Balcázar Zelada (PB) consideró la necesidad de un mayor estudio, porque le falta el sustento jurídico y sociológico que se requiere. En lo que se refiere a casos penales, planteó la reducción de la edad.

La congresista Ruth Luque Ibarra (CD-JPP), señaló que si bien es cierto los matrimonios tempranos son parte de nuestra realidad, se tiene que entender que muchos devienen en violencia y abuso y que esa situación no tiene por qué seguir perpetuándose en el país.

Después de escuchar la opinión de los parlamentarios, el presidente de la comisión, Américo Gonza Castillo (PL), optó por pasar a un cuarto intermedio el predictamen en referencia.

AUTORIZACIÓN DE VIAJE NOTARIAL

Similar destino tuvo el predictamen que recoge la iniciativa legislativa de la congresista María Jéssica Córdova Lobatón (Avanza País), que propone una ley de autorización de viaje notarial con el permiso de uno de los padres, cuando el menor requiera tratamiento médico por salud y cuando tenga que estudiar en el extranjero en el plazo de un año.

Echaíz de Núñez Izaga propuso que la ley también alcance a los menores que tienen que viajar por cuestiones deportivas y que se vele por el interés superior del niño.

La congresista Luque Ibarra, dijo que, en el caso de viaje por estudios, la propuesta resulta muy abierta y que sus resultados podrían ser contrarios, como en el caso que uno de los padres se oponga.

La congresista Carmen Patricia Juárez Gallegos (FP), preguntó ¿por qué solo por un año resultaría legal y qué pasaría si el menor requeriría un mayor tiempo?

El congresista Flavio Cruz Mamani (PL) planteó un cuarto intermedio para mayor estudio, porque la ley podría servir como estrategia de uno de los padres para alejar al hijo del otro padre.

Finalmente, en forma unánime, el grupo de trabajo parlamentario aprobó el dictamen de inhibición, sobre la propuesta de ley que reconoce y declara de prioritario interés nacional la labor de los dirigentes vecinales de las organizaciones sociales”, por considerar que su materia no corresponde a la comisión, sino a la de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado.

Durante la sesión los congresistas César Manuel Revilla Villanueva (FP) y Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu (FP), expusieron sus propuestas legislativas.

En el primer caso, para plantear la modificación del Decreto Legislativo N° 1214, que dictas medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos automotores y autopartes; y en el segundo, para proponer una ley que tipifique como delito de traición a la patria, los delitos cometidos por los funcionarios públicos.

OFICINA DE COMUNICACIONES