A pedido de la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Leslye Lazo (AP) fue pasado a un cuarto intermedio el dictamen en mayoría que busca el deshacinamiento en los abarrotados centros penitenciarios del país en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19.

Fue después de cerca de cuatro horas de debate en el segundo día y de un primer cuarto intermedio de otras cuatro horas para lograr una propuesta consensuada entre las diferentes bancadas que conforman el Pleno.

El principal cuestionamiento partió de la secretaria de la comisión, María Cabrera (PP), autora de un dictamen en minoría, que fue avalado por su bancada, el mismo que restringía la liberación de los internos que sufren prisión preventiva y están procesados por delitos leves.

Durante el debate se hicieron una serie de aportes para que se cumpla el objetivo del resguardo de la seguridad de la vida de los internos y seguridad para la población cuando se dé la excarcelación.

Un primer cuarto intermedio tuvo lugar para lograr el consenso, luego de lo cual, la presidenta del grupo de trabajo legislativo presentó un nuevo texto sustitutorio con las atingencias del caso.

El nuevo texto tenía “los candados” que había sido demandado por varios congresistas para que los reos con sentencias por delitos graves sean excluidos de la norma y en ese sentido, fue eliminado todo un capítulo.

Entre otros, estaban incursos solo los internos con prisión preventiva que hayan cumplido la mitad del plazo dispuesto; que carezcan de antecedentes; o si los tuviera, hayan cumplido las dos terceras partes del periodo previsto, ser mayores de 65 años y padezcan de enfermedades crónicas que lo hagan vulnerables al Covis 19. Esto siempre que no se trate de delitos exceptuados, como el terrorismo, asesinato, sicariato, contra la humanidad, entre otros.

OBJECIONES

La primera en expresar sus dudas sobre los efectos de la norma fue la congresista Martha Chávez (FP), quien reconoció los esfuerzos de la titular de la comisión, pero que, en el caso que se pusiera en vigencia, pueda sacar siquiera cinco internos de los penales en el plazo de un mes.

“Yo no creo que sea una medida de emergencia. No creo que con este texto se pueda logra el mínimo siquiera de lo que se quiere lograr, que es una medida de emergencia, de urgencia de permitir de la población que está sin sentencia y sin acusación fiscal y sin condena alguna”, anotó.

Finalmente, Franco Salinas (AP) recordó las largas horas de debate y pidió un mayor tiempo para estudiar el documento y su contenido técnico y jurídico.

Al final la titular de la comisión pidió un cuarto intermedio para seguir considerando las opiniones y aportes, solicitud que fue aceptada por el presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama.

EL DEBATE

Antes, en horas de la tarde se desarrolló también un amplio debate desde las 15:00 con la participación de los legisladores de las distintas bancadas. Unos apoyaron el dictamen en mayoría, otros el de minoría y otros plantearon mejorarlo para llegar a un consenso.

La mayoría de los legisladores coincidieron en señalar que la responsabilidad de solucionar el problema del hacinamiento corresponde al Poder Ejecutivo, con la excepción de la congresista Mirtha Vásquez Chuquilin (FA). En ese sentido se pronunciaron Omar Chehade (APP), Daniel Urresti (PP), Carolina Lizárraga (PM) y otros.

Con respecto al dictamen Chehade Moya, dijo haber encontrado algunos vacíos y planteó agregar que se permita a las embajadas y consulados hacer donaciones y alcanzar ayuda humanitaria a las cárceles. Así también pidió que se obligue al gobierno a realizar la prueba molecular a los internos que sean liberados.

Urresti Elera (PP) consideró que el dictamen en mayoría solo recogió aspectos técnicos de los proyectos que lo comprenden y que significaría la causa de que la inseguridad reine en las calles.

Seguidamente, recomendó la aprobación del dictamen en minoría presentado por su colega de bancada María Cabrera, al que consideró más claro.

Rolando Campos (AP), se manifestó a favor del dictamen en minoría y consideró que la propuesta de la minoría que considera que solo salgan de sus prisiones los que no han cometido delitos graves. En ese mismo sentido, se pronunció María Retamozo (Frepap).

El congresista Edward Zárate (FP) dijo que en el dictamen en mayoría no se habla de que sean liberados los delincuentes, los sicarios, los narcotraficantes, entre otros, sino para los que han sido sancionados con penas menores a los seis años.

La legisladora Lizárraga Houghton (PM) consideró que la situación actual es de emisión de normas que implican solo parches para estados específicos apuradas. “Se ha optado por abrir las cárceles sin tener en cuenta el riesgo social de los peruanos”, anotó.

Exigió excluir del dictamen que los jueces y fiscales utilicen como primera medida la prisión preventiva, porque los coloca a actuar como máquinas y no a responder al análisis correspondiente.

Hans Troyes (AP), dijo que votaría en contra porque con la ley se pretendería aprovechar de la ley para liberar a reos acusados de corrupción

EN MINORÍA

La congresista María Cabrera (PP) sustentó su dictamen en minoría, señalando que su bancada solo está de acuerdo en excarcelar a los internos que sufren prisión preventiva por comparecencia restringida, procesados por delitos que tienen una pena máxima de seis años y solo en el contexto del estado de emergencia sanitaria.

Dijo que esta medida podría beneficiar a unos 17 mil reos y que si esto parecía poco “se los dejo a su conciencia”.

Indicó que la población penitenciaria si se dividen en dos grandes grupos: los sentenciados y los procesados.

“Entonces surge el gran dilema. ¿A quién deberíamos dejar en libertad?”, preguntó indicando después que no es igual liberar a una persona hallada culpable mediante una resolución judicial firme, que un procesado al que le asiste la presunción de inocencia.

Entre otros aspectos, consideró que el tomar los proyectos que integran el dictamen, incluido el suyo, para elaborar el dictamen no resuelve el problema. “Eso no es más que un experimento jurídico inaceptable, tanto más si se toma en cuenta las figuras jurídicas mezcladas”, anotó.

Indicó que la remisión de la pena abrirá las puertas a delincuentes de alta peligrosidad de manera encubierta, pues prevé excepcionalmente, que el sentenciado por cualquier delito, que padece de cualquier enfermedad incurable, como una diabetes o una hipertensión crónica, podría a cogerse a la remisión condicional de la pena.

“Esta es una circunstancia que constituye un sacrilegio jurídico, porque en este extremo está la maña para que muchos indeseables lo usen para obtener su libertad; porque cuando éstos se recuperen se generará impunidad, socavando el trabajo policial”, anotó, tras manifestar que la consecuencia la inseguridad en la sociedad.

La congresista Martha Chávez (FP) dijo tener observaciones al dictamen en mayoría, pero que es necesaria la aprobación de una norma que solucione, aunque sea temporalmente, las difíciles condiciones que se vive en los penales.

Consideró que la prisión preventiva puede convertirse en libertad vigilada y liberación de espacio en las cárceles. De igual manera, planteó considerar el caso de las personas que han apelado y no tienen sentencia firme.

Propuso incluir en el dictamen en mayoría la liberación de condenados que ya cumplieron sus condenas; de los presos preventivos que no tienen acusación fiscal pese a estar seis meses detenidos; para los que tienen acusación fiscal y están en condición de imputado un año; y a los que cometieron delitos sancionados con penas de hasta 6 años.

Rocío Silva (FA) sostuvo que el dictamen en mayoría ha excluido los delitos graves y por ello no ha abierto las puertas a presos de alta peligrosidad. Lo que está en juego-dijo- es el derecho de la vida de los internos y a la seguridad de la sociedad, frente a ello debe prevalecer la vida misma.

Lima, 16 de mayo de 2020

PRENSA-CONGRESO