La Constitución de 1993 ha garantizado 28 años de estabilidad económica, política y social. Por ello, todo cambio total o parcial debe realizarse de acuerdo al marco constitucional. No necesitamos una asamblea constituyente, afirmó el parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar, quien organizó un foro y acto de homenaje a los constituyentes de la Carta Política vigente.

El certamen -que reunió a los exconstituyentes de la Carta Magna- concluyó con la conformación de una mesa de trabajo para la conmemoración de los 30 años de vigencia del actual marco constitucional.

La ceremonia se efectuó en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, a la cual asistieron la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos Venegas, hija del exconstituyente Enrique Chirinos Soto; los extitulares del Parlamento, Ántero Flórez Araoz y Martha Chávez Cossío; el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesías Ramírez; y el exconstituyente Roger Amuruz quien estuvo acompañado de su hija y actual legisladora Roselli Amuruz Dulanto (Avanza País).

Durante el desarrollo del foro se recordó que la Constitución de 1993 fue sometida a un referéndum nacional para que sea legitimada por la ciudadanía.

El internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay afirmó que la Constitución de 1993 ha recogido, mejorado y perfeccionado la anterior, de 1979; «por lo que representa una norma jurídica fundamental del Estado, acorde para la nueva realidad del país en los ámbitos nacional e internacional para el propio Estado peruano».

«La Constitución Política de 1993 ha consagrado la economía social de mercado, y cuya vigencia ha permitido el crecimiento de la economía nacional. También, ha perfeccionado derechos humanos y políticos de la sociedad y ha establecido que el Estado jamás quede ausente del ejercicio de la conducción del poder político. Nos ha asegurado un pacto social de gobernanza», aseguró el especialista.

El también vicepresidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento Andino, Pacheco Villar, coincidió que la intención de promover una asamblea constituyente podría interrumpir el proceso de inserción del Perú en la comunidad internacional. «Sería una amenaza al futuro de la estabilidad política económica para los 33 millones de peruanos», alertó.

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