Congresistas y especialistas coincidieron en opinar que no existe necesidad de la delegación de las facultades para legislar al Poder Ejecutivo, puesto que lo que se requiere es planificar, accionar, trazar estrategias y hacer gestiones, frente al agresivo aumento de la criminalidad organizada en nuestro país.

Esa fue una de las reflexiones a las que arribaron parlamentarios de distintas bancadas y algunos de los invitados, durante la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside la congresista Martha Moyano Delgado (FP), convocada para analizar el Proyecto de Ley 5632/2023-PE, que plantea delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana.

Asimismo, sobre gestión del riesgo de desastres – Niño global; meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos por el plazo de 120 días calendario.

La congresista Gladys Echaíz de Núñez Izaga (RP) fue enfática en señalar que no existe posibilidad de delegar facultades de legislación para crear una policía de investigación, puesto que no se puede hacer modificaciones a la Constitución.

“Desde un análisis legal no necesita una delegación para disponer las especialidades de su institución, porque tienen su ley orgánica”, dijo.

El congresista Edgard Reymundo Mercado (JP-CD) consideró que la propuesta del denominado “Plan Boluarte” es genérica y que faltan estrategias que ayuden a enfrentar a este tipo de organizaciones.

“Pareciera que con estas propuestas inconsistentes el gobierno quiere ganar tiempo y quedarse todo el tiempo que pueda”, comentó tras referirse también a otros aspectos referidos a la falta de condiciones en la PNP y hacer una reforma en este sector. Hizo hincapié en el hecho de que todos esperan acción y resultados, y que falta voluntad política.

El congresista Alejandro Muñante Barrios (RP) señaló que la discusión sobre el “Plan Bukele” ha desnudado la falta de un plan en el Perú y preguntó cuánto de presupuesto se requiere para poner en marcha la lucha contra ese flagelo que afecta a la sociedad peruana.

El congresista Héctor Ventura Ángel (FP) preguntó si ayudará al Poder Ejecutivo brindarle facultades legislativas. Antes, consideró que existen más de 50 mil normas cuyas reglas de juego están dadas, y que lo que falta es acción.

Se refirió a la época de los ‘90, señalando que “se derrotó al terrorismo, al narcotráfico y a la crisis económica y que se debe copiar esos modelos en el tema de seguridad ciudadana”.
Por su parte, el

congresista Jorge Marticorena Mendoza (PB) consideró que todos los sectores deben trabajar en forma articulada para tomar al “toro por las astas”.

INVITADOS

El primero de los invitados en manifestarse en contra de la delegación de facultades legislativas fue el especialista Fernando Rospigliosi Capurro, quien indicó “que la seguridad no es un tema de normas, sino de acción”.

Asimismo, porque “el Gobierno ha demostrado no tener una política segura para enfrentar la ola delincuencial” y recomendó discutir punto por punto cada caso.

Por su lado, el constitucionalista Aníbal Quiroga León sostuvo que la materia delegada debe estar especificada para evitar interpretaciones de que las facultades sean ampliadas, lo que implica que esa es una tarea que tiene el Congreso para ver qué materia delega.

Consideró que la seguridad ciudadana es un problema interinstitucional y que si el Estado no da las bases respectivas de prevención y sanción, se está frente a una lucha que no avanzará mucho.

Asimismo, destacó que la autoridad en la investigación es el Ministerio Público, que no es eficaz en el proceso primario; pero que la policía, junto con la inteligencia, tiene que capacitarse en materia de seguridad.

Consideró que el pedido de delegación de facultades es constitucional y debe ser abordado en forma prioritaria.

En tanto el experto en Derecho Penal, Mario Amoretti Pachas, se refirió a las numerosas normas emitidas y modificaciones, además de las incongruencias que existen entre las mismas, que terminan favoreciendo al delincuente.

“No hablemos de leyes. Hay que ejercitar acciones”, recomendó para el tema de seguridad ciudadana.

Mientras que Zoila Navarro Portocarrero, especialista en riesgo de desastres, dijo que pueden darse medidas dentro de un marco regular e inmediato y no a través de delegación de facultades. Dijo no haber encontrado normas que respondan a los problemas actuales, y a una mejor articulación entre gobierno local y regional y otros sectores.

De otro lado, también fueron invitados el especialista en Economía y Finanzas Públicas, Luis Miguel Castilla Rubio; en Gestión de Seguridad Integral, José Luis Gil Becerra; y en Seguridad Integral, Pedro Yaranga Quispe.

SUSTENTACIÓN

Durante la sesión, la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) sustentó su Proyecto de Ley 4891/2022-CR, que tiene por objeto desarrollar el criterio interpretativo del numeral 3) del artículo 156, de la Constitución Política del Perú sobre cese automático, a los 75 años de los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia.

El congresista Wilson Soto Palacios (AP) hizo lo propio de su Proyecto de Ley 5001/2022-CR, que tiene por objeto reformar la Constitución Política del Perú, y modificar el artículo 156 numeral 3, sobre cese inmediato, a los 75 años de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia e incluir el ingreso del suplente.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL