La Comisión de Transportes y Comunicaciones reunió a los representantes de la comuna limeña y a los de los consorcios TGA y Ecoexpress, que ya no forman parte de los proyectos de corredores complementarios, para aclarar la situación contractual y operativa existente.
Los integrantes del grupo de trabajo parlamentario invocaron a los sectores comprometidos con el transporte urbano a velar por el mejoramiento de la calidad del servicio en beneficio de los pasajeros.
En ese sentido se pronunciaron los congresistas Casio Huaire (PP) quien dirigió la sesión en ausencia de su titular, Amado Romero (DyD), Mesías Guevara (AP-FA, Jesús Hurtado (FP) y Rubén Coa Aguilar (NGP).
El congresista Guevara Amasifuén invocó al entendimiento en el espacio democrático y pidió invitar a los representantes de los usuarios en una próxima sesión. Además, llamó la atención sobre la necesidad de tomar en cuenta la estabilidad jurídica en torno a los contratos.

Huaire terció para expresar su preocupación por la necesidad de implementar políticas que beneficien a la población que se siente maltratada y abandonada.
El legislador Jesús Hurtado (FP) dijo que similar situación a la que se vive en Lima con los corredores viales, ocurrió en Junín cuando se declararon nulos los contratos. Por eso, recomendó aplicar adendas bien planificadas y pidió conocer los planes de la Municipalidad de Lima en relación al transporte urbano.
El congresista Coa Aguilar consideró que el tema de los corredores, para la opinión pública, está ‘manoseado políticamente’ y que es necesario plantear soluciones concretas que resuelvan el problema del caótico transporte existente.
El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, no concurrió a la sesión por encontrarse de viaje y en su representación lo hicieron la teniente alcaldesa Patricia Juárez Gallegos y la presidenta de Protransporte, Roxana Rocha Gallegos.

LOS CONTRATOS
Rocha Gallegos dijo a la comisión que los contratos de concesión de los corredores complementarios suscritos en los últimos meses del 2014 no contaban con la opinión previa del Ministerio de Economía y finanzas (MEF) y, de acuerdo a ley, resultaron nulos de pleno derecho y sin efectos jurídicos nueve de ellos. De igual manera ocho resultaron con sanción de nulidad.
Asimismo, señaló que se identificaron otras deficiencias, entre ellas fórmulas económicas que hacía que el contrato de concesión fuera cofinanciada; cartas de finanzas de fiel cumplimiento y de chatarreo de calificación de tipo de riesgo C, Fondo de reserva cubierta con recursos públicos.
También flota vehicular en arrendamiento financiero y no en propiedad; y flota que no cumplía con las características exigidas en los contratos.
Refirió que gracias a la dación del Decreto de Urgencia N° 006-2015 se autorizó en forma excepcional, y por única vez, para asegurar continuidad a la inversión privada. Para ello-anotó- debía contarse con el consentimiento de los inversionistas.
Después de dar cuenta de los contratos al MEF, esta entidad presentó sus observaciones, entre ellas, la inexistencia de una regulación tarifaria, fórmulas económicas, cuya tarifa podría incrementarse exponencialmente; se establecían acreencias a favor de los concesionarios en caso de que las tarifas no cubrieran los ingresos esperados; se pagaría el pasaje de estudiante y escolar como uno regular.
Se debería pagar los buses al finalizar la concesión; el fondo de reserva estaba cubierto con recursos públicos, entre otras observaciones que afectarían al final al usuario o a fondos del Estado.
Rocha indicó que con la aplicación de adendas en los contratos se logró levantar los cuestionamientos del MEF, pero que los consorcios Japrex y TGA S.A. decidieron no suscribir las adendas. Un mes después TGA cambia su decisión, pero fue extemporánea.
El 11 de abril del presente año el MEF se pronunció en forma favorable a los 18 contratos de concesión.
Por su lado, Giancarlo Marchesi, director general de Políticas de Promoción de la Inversión Privada del MEF ratificó lo dicho por Rocha.

LAS EMPRESAS

Por su lado, los representantes de los consorcios Ecoexpress y TGA, Emilio Cillóniz y Uldarico Martínez, respectivamente, coincidieron en demandar el respeto a la estabilidad jurídica y que no se cambien las reglas contractuales entre las administraciones del gobierno local.
Se preguntaron cómo podía ser nulo un contrato que cumplió con los requisitos exigidos durante la presentación al proceso de licitación. En ese sentido, demandaron respeto a los contratos suscritos y pidieron a la comisión investigar qué hay detrás de lo que calificaron un ‘sospechoso’ proceso.

PRENSA-CONGRESO*

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