Comisión de Justicia aprobó propuesta

Parejas con dos años de convivencia serían reconocidas por municipios

Centro de Noticias del Congreso

07 Abr 2021 | 19:33 h

Las municipalidades provinciales y distritales del país estarán autorizadas a hacer el reconocimiento y registro de las uniones de hecho, además de reconocer a las parejas que conviven por lo menos dos años continuos o estables, libres de impedimento matrimonial y por propia voluntad.

Así lo aprobó, por mayoría, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el miércoles 7 en la sesión conducida por el vicepresidente de ese grupo de trabajo, Walter Ascona Calderón (APP), en ausencia de la titular Leslye Lazo Villón (AP).

De igual manera, el proyecto de ley, de autoría del congresista Rennán Espinoza Rosales (NA), propone la emisión de los certificados correspondientes para ese fin en forma gratuita, además plantea los requisitos y el procedimientos en caso el conviviente fallezca a consecuencia del COVID-19.

De acuerdo con el dictamen planteado, “la unión de hecho para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuera aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos”.

Se sostiene también que las familias que tienen una relación de hecho deben merecer la protección del Estado.
Durante la sesión también se aprobó, por mayoría, el dictamen de autoría del congresista Alberto De Belaunde (PM), que propone una ley que busca la prevención del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre mediante el fortalecimiento de las herramientas de los operadores de justicia para la investigación y juzgamiento de los delitos relacionados con el crimen organizado.

La congresista Martha Chávez Cossío (FP) planteó una cuestión previa, que fue rechazada, en la que solicitaba que el Proyecto de Ley N.° 6051 en debate se incluyera en el dictamen que comprendía el Proyecto de Ley N.° 3200 del periodo pasado, de autoría de su colega de bancada Wilmer Aguilar Montenegro, que ya se encuentra en la agenda del Pleno.

En ese sentido, pidió impulsar el dictamen anterior y que sea en el Pleno donde se plantee la acumulación del proyecto en debate.

El congresista De Belaunde De Cárdenas sostuvo que su iniciativa legislativa está más completa, responde al contexto actual e incorpora un artículo destinado a la lucha contra el crimen organizado. Al final, fue votada la cuestión previa, la que fue rechazada.

Antes, el grupo de trabajo escuchó a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Luz Tello Valcárcel de Ñecco, quien brindó su posición sobre el predictamen que propone una ley que implementa los principios de meritocracia, transparencia, democracia eficiencia, integridad, publicidad y representatividad en el Poder Judicial.
Tello Valcárcel analizó el predictamen y aportó una serie de recursos técnicos a fin de mejorarla, puesto que todos esperan del Poder Judicial un ente que responda a las necesidades de la población.

De igual manera, fueron escuchadas las posiciones de representantes de la Policía Nacional del Perú como Vicente Tiburcio Orbezo, director de la Oficina de Investigación Criminal; Raúl Del Castillo Vidal, director del Departamento Antidrogas; y Gustavo Villafuerte, director de Asesoría Jurídica.

Sus participaciones fueron en torno a la propuesta que plantea modificar el Código Procesal Penal a fin de fortalecer las funciones de la Policía nacional del Perú en el proceso de control de identidad policial.

Los invitados coincidieron en la necesidad de adoptar mayores herramientas para el cumplimiento de su trabajo, porque en el caso de personas extranjeras –sean venezolanas, mexicanas, serbias u otros–, es difícil realizarlo en cuatro horas, debido a la dificultad de su ubicación, más si son irregulares. En ese sentido, se manifestaron a favor de la iniciativa.

Finalmente, fue escuchado el especialista en derecho civil, Leysser Luggi León Hilario, sobre su opinión en torno al predictamen que propone una Ley que modifica la Ley N.° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, a fin de incorporar, dentro de su ámbito de aplicación, delitos contra los recursos naturales, por lo que el experto hizo sugerencias para mejorar la iniciativa.

OFICINA DE COMUNICACIONES

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