La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de quince días hábiles para que realice la investigación pertinente y presente el informe final respecto a tres denuncias constitucionales declaradas procedentes.

La decisión fue tomada en la sesión que realizó este órgano parlamentario en su sesión realizada el miércoles 12, dirigida por su presidente, José Williams Zapata.

Ello en cumplimiento del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, respecto al procedimiento de acusación constitucional. Se precisa, además, que este plazo es prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez.

De esta manera, se otorgó el plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar informe final respecto a la Denuncia Constitucional 98 (antes 448), formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el exjuez Supremo Aldo Martín Figueroa Navarro, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano, previstos en los artículos 398 y 400 del Código Penal, respectivamente.

La decisión fue adoptada por 26 votos a favor y uno en contra.

También se le dio el mismo plazo para que investigue y presente informe final respecto a la Denuncia Constitucional 21 (antes 318) formulada por el ciudadano Inocente Vigo Estrada, en el extremo declarado procedente contra los exjueces supremos de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema Ángel Romero Díaz, Carmen Cabello Matamala, Carlos Calderón Puertas, José e de la Barra Barrera y Denis Céspedes Cabala, por la presunta comisión del delito de prevaricato, previsto en el artículo 418 del Código Penal.

Se pronunciaron a favor 17 parlamentarios, mientras que 11 votaron en contra.

La misma suerte tendrá la Denuncia Constitucional 24 (antes 326) formulada por la ciudadana Monica Ríos Torres, en su calidad de decana nacional del Colegio Profesional de Enfermeros del Perú, en el extremo declarado procedente, contra la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa Huertas.

A ella se le acusa por presunta infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución Política del Perú; y, por la presunta comisión de los delitos de colusión simple y agravada, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, usurpación de función pública y usurpación, tipificados en los artículos 384, 399, 361 y 202 del Código Penal, respectivamente.

La decisión se adoptó por 27 votos a favor y uno en contra.

Cabe indicar que los extremos declarados improcedentes de las referidas denuncias constitucionales fueron enviados al archivo.

INFORME FINAL

En otro momento, la Comisión Permanente aprobó, por 24 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, el informe final de la denuncia constitucional 176 (antes 246), formulada por la excongresista Janet Sánchez Alva, contra la excongresista Maritza García Jiménez, que recomienda el archivo de la misma.

A García Jiménez se le acusaba de presunta infracción constitucional del artículo 38 de la Constitución Política del Perú, y por la presunta comisión del delito de falsedad genérica, tipificado en el artículo 438 del Código Penal.

El informe final concluye que, estando a la disposición fiscal recaída en la Carpeta Fiscal 2606064503-2016-3118-0, además que, realizando el cómputo de plazo de prescripción, esta habría operado a favor de la denunciada; se concluye que no están probados los delitos que se imputan a la denunciada excongresista Maritza García Jiménez.

Al respecto, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano, dijo que “no se puede afirmar de manera objetiva que Maritza García presentó una declaración falsa de sus estudios secundarios y de posgrado ante el Jurado Electoral Especial de Piura, por lo que se recomienda el archivamiento de la denuncia constitucional por presunta infracción constitucional”.

AL ARCHIVO

La Comisión Permanente también envió al archivo seis denuncias constitucionales declaradas improcedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

De igual forma, se dio lectura a los informes de caducidad de seis denuncias constitucionales propuestos por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por lo tanto, pasaron al archivo.

MODIFICACIÓN

Finalmente, la Comisión Permanente aprobó (29 votos a favor) la modificación en la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Salió el congresista Jaime Quito Sarmiento (PL), y en su reemplazo ingresa la parlamentaria Kelly Portalatino Avalos (PL).

OFICINA DE COMUNICACIONES