La Comisión Permanente otorgó un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y presente informe final respecto a la Denuncia Constitucional 694, contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, declarada procedente en el extremo de ser presunta autora del delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

La decisión se adoptó por unanimidad (17 votos) en la sesión de ese órgano parlamentario conducido por el presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro.

Se trata de una denuncia constitucional interpuesta por el fiscal de la nación, Tómas Aladino Gálvez Villegas, y se da en el contexto del supuesto nombramiento irregular de María Elena Aguilar del Águila como presidenta ejecutiva de EsSalud, que habría surgido como parte de un presunto acuerdo para permitir la recomendación de profesionales en el sector salud.

En el extremo declarado improcedente, que involucraba al exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Ysau Maurate Romero, pasó al archivo.

INVESTIGACIÓN A PARLAMENTARIA

En otro momento, la Comisión Permanente, por unanimidad, otorgó el mismo plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente informe final sobre las denuncias constitucionales 482 y 506 (acumuladas) contra la legisladora Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez, declaradas procedente en un extremo.

A la parlamentaria se le acusa del delito de colusión agravada (artículo 384 del Código Penal), en calidad de presunta autora; como presunta instigadora del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario público, en agravio del Estado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 400, primer y segundo párrafo del Código Penal; y como presunta autora del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, en agravio del Estado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal.

En el extremo declarado improcedente por la subcomisión (referido a la presunta comisión del delito de concusión), pasó al archivo.

AL ARCHIVO

Finalmente, la Comisión Permanente aprobó, por 13 votos a favor, 5 en contra y una abstención, el informe final que recomienda enviar al archivo las denuncias constitucionales 362 y 464 (acumuladas) contra la congresista de la república, Jhakeline Katy Ugarte Mamani.

A la legisladora se le acusaba de ser presunta autora del delito contra la administración pública – concusión, ilícito penal previsto en el artículo 382 del Código Penal, y por infracción de los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú, en agravio del Estado.

El informe concluye que “ante la ausencia de evidencia concreta, directa y verificable, no puede afirmarse que las conductas atribuidas configuren vulneración a los preceptos constitucionales señalados”.

Agrega que «en consecuencia, al no haberse acreditado pruebas materiales que demuestren fehacientemente la comisión del delito de concusión ni la infracción de los deberes constitucionales por parte de la congresista, se recomienda el archivamiento definitivo de las referidas denuncias constitucionales».

Previamente, no se aprobó una cuestión previa, planteada por la legisladora Gladys Echaíz (bancada HyD), para que el referido informe final sea devuelto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

OTRAS DENUNCIAS ARCHIVADAS

Al inicio de la sesión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentó 17 informes de calificación que declararon la improcedencia de las denuncias constitucionales números 674, 654, 677, entre otros.

Por lo tanto, conforme al tercer párrafo del inciso c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, las denuncias pasaron al archivo.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL