La Comisión Permanente del Congreso otorgó, esta tarde, un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente informe final respecto a cuatro denuncias constitucionales declaradas procedentes, dos de ellas en un extremo.

Por 24 votos a favor, es decir, por unanimidad, se dio ese plazo para que se investigue la Denuncia Constitucional 520 interpuesta por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana, contra Luis Alberto Otárola Peñaranda, expresidente del Consejo de Ministros, como presunto instigador de la comisión del delito contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios públicos en la figura de colusión simple y agravada, ilícito penal previsto y sancionado en el primer y segundo párrafos del artículo 384 del Código Penal, en agravio del Estado peruano.

En otro momento, por 19 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la Comisión Permanente otorgó el referido plazo para la subcomisión investigue y presente informe final sobre la Denuncia Constitucional 560 interpuesta por el ciudadano Juan José Santivañez Antúnez, contra la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela, en su actuación de fiscal de la Nación, por la presunta infracción de los incisos 2 y 4 del artículo 159 de la Constitución Política del Perú, y por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 376 del Código Penal

PROCEDENTES EN UN EXTREMO

Posteriormente, por 19 votos a favor, 4 en contra, 0 abstenciones, se decidió que la subcomisión investigue y presente informe final, en el plazo mencionado, sobre la Denuncia Constitucional 275, interpuesta por el ciudadano Jesús Gumercindo Zavaleta Mendoza contra el juez supremo, Jorge Luis Salas Arenas, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones.

Esta denuncia fue declarada procedente en el extremo de la supuesta infracción de los artículos 31, 35, 38 y 39 de la Constitución, así como la presunta comisión del delito de omisión de actos funcionales tipificado en el artículo 377 el Código Penal.

Pasó al archivo el extremo que declara la improcedencia.

Finalmente, por 20 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones, se dio el plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se aboque a la Denuncia Constitucional 547 y 575 (acumuladas), en el extremo declarado procedente.

La primera denuncia fue interpuesta por el congresista Alejandro Muñante Barrios contra José Pedro Castillo Terrones, expresidente de la República; Betssy Betzabet Chávez Chino, expresidenta del Consejo de Ministros; Willy Arturo Huerta Olivas, exministro del Interior; Roberto Helbert Sánchez Palomino, exministro de Comercio Exterior y Turismo; por la presunta infracción constitucional de los artículos 2 —incisos 11, 12 y 24, apartado f)—, 38, 39, 45, 46, 51, 90, 93, 102, 103, 104, 108, inciso 1 del artículo 118, 120, 126, 128, 134, inciso 1 del artículo 137, 138, 143, 146, 150, 154, 155, 158, 159, 201, 202 y 206 de la Constitución Política del Perú.

Y el extremo de la Denuncia Constitucional 575 interpuesta por el congresista Alejandro Enrique Cavero Alva contra el expresidente de la república, José Pedro Castillo Terrones, por supuestamente haber incurrido en infracción de los artículos 43, 45, 118 y 134 de la Constitución Política del Perú.

En el extremo declarado improcedente pasó al archivo.

Previamente, se rechazó una cuestión previa, presentada por el legislador Víctor Cutipa, para que este informe final regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a efecto que se revise el caso del congresista Roberto Sánchez.

RECHAZADO

A primera hora, se rechazó la propuesta de dar un plazo de hasta 10 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente informe final respecto a Denuncia Constitucional 516 interpuesta por el exfiscal de la Nación (i), el Juan Carlos Villena Campana, contra José Pedro Castillo Terrones, en su condición de expresidente de la República del Perú, como presunto autor del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de peculado de uso, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 388 del Código Penal, en agravio del Estado.

Fueron 11 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL