La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales otorgó cinco días hábiles al congresista delegado Héctor Ventura (FP), para que presente el informe final de la denuncia constitucional presentada contra Jorge Luis Salas Arenas, en su condición de juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, como presunto instigador del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

La decisión se adoptó luego de culminar, en la víspera, la audiencia de la Denuncia Constitucional 469, interpuesta por Juan Carlos Villena Campana, en su actuación como fiscal de la nación (i).

Durante esa jornada, Salas Arenas, quien participó de manera virtual, sostuvo que no se ha realizado ninguna investigación sobre alguna negociación, por lo que el cargo es insostenible. Adelantó que mantendría su derecho a la reserva, toda vez que diría lo que le corresponde en el ámbito judicial.

El congresista Jorge Montoya (RP), quien dirigió la sesión de la subcomisión, pidió al secretario técnico que diera lectura al marco legal que precisa las facultades del Congreso de la República, que tiene el amparo constitucional para ejercer su función de control político.

Al respecto, la congresista Martha Moyano (FP) se refirió a las reglas legales de los procedimientos para las prerrogativas de antejuicios políticos, que busca levantar la inmunidad o prerrogativa funcional de un alto funcionario por probables delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y el procedimiento mediante el cual se efectiviza el antejuicio es precisamente la acusación constitucional.

Las preguntas al investigado fueron formuladas por el parlamentario Héctor Ventura (FP), quien insistió en indagar sobre la denuncia, respetando el debido proceso. No obstante, precisó que no había voluntad de colaborar sobre los presuntos actos irregulares en la asignación de una plaza administrativa en el Poder Judicial del Callao.

Seguidamente, participó en calidad de testigo, previo juramento, Walter Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien señaló que “el más poderoso llama al menos poderoso”, al referirse a Salas Arenas. Al mismo tiempo se ratificó en toda su declaración sobre la jerarquía que se impuso con una llamada para ubicar en un cargo a su secretario de confianza.

CONTINUÓ AUDIENCIA DE DENUNCIA CONTRA MIRTHA VÁSQUEZ

Como segundo punto de agenda, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales continuó la audiencia de la DC 114 (antes 467), interpuesta por los excongresistas César Gonzáles y Manuel Merino de Lama, contra Mirtha Esther Vásquez Chuquilín, en su actuación como presidenta del Congreso, por la presunta infracción al artículo 45° de la Constitución y la presunta comisión de los delitos de Negociación Incompatible o Aprovechamiento previsto en el artículo 399 del Código Penal.

Vásquez Chuquilín sostuvo que se le denuncia por supuestamente beneficiar a nueve trabajadores del Parlamento que iban a ser ascendidos, pero que finalmente no se dio en su gestión, porque fueron declaradas nulas las resoluciones firmadas por ella. Consideró que debería ser desestimada y archivada, tras rechazar los cargos en su contra.

Al respecto, la congresista Martha Moyano enfatizó que el Reglamento del Congreso precisa el procedimiento para el ascenso, el cual debe realizarse a través de una comisión especial conformada por funcionarios del Parlamento, que evalúa los informes y solicitudes de las áreas correspondientes y eleva un informe final a la Mesa Directiva para su consideración y votación.

Posteriormente, intervino el denunciante y excongresista Manuel Merino de Lama, quien consideró que se ha cometido una falta a la Constitución, toda vez que los funcionarios beneficiados inicialmente cobraron con el aumento y luego devolvieron el excedente, tal como lo reconoció la denunciada.

Agregó que también se le denuncia por haber decidido entregar en el local institucional del centro de Lima, tarjetas navideñas como aguinaldo en plena pandemia, obligando a los trabajadores a formar colas para recibirla, poniendo en riesgo su integridad ante el peligro de contagio por covid-19.

IMPROCEDENTE

El último punto tratado en la sesión vespertina de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue el informe de calificación de la denuncia constitucional 539, interpuesta por el ciudadano y abogado Óscar Caycho Villena, contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su condición de presidente de la república, por la posible comisión del delito de traición a la patria, establecido en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú y la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo, la salud y lesiones graves, tipificadas en los artículos 122, 125, 126, en agravio del denunciante y del todo el pueblo peruano.

De los hechos expuestos, se tomó en cuenta que el denunciante señaló ilícitos penales erróneamente. En ese sentido, el referido informe planteó declarar su improcedencia, debido a que el denunciante no fue directamente agraviado, además, de no cumplir con los criterios para su admisibilidad. Finalmente, el documento fue aprobado por mayoría.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL