En sesión conjunta, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado aprobaron, por mayoría, los dictámenes que otorgan al Poder Ejecutivo facultades para legislar en 33 de las 44 materias presentadas.

La congresista Rosangella Barbarán (FP), presidenta del primer grupo de trabajo mencionado, expuso el dictamen que contenían los pedidos en materia de inversión pública, tributaria, gestión económica y modernización de la gestión del Estado.

En ese sentido, se viabilizó otorgar facultades para autorizar a los gobiernos regionales y locales a ejecutar inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR) con recursos del canon, sobre canon, regalías mineras y FOCAM hasta diciembre del 2024.

Además, sistematizar la información relativa al desarrollo de las inversiones, particularmente de las experiencias exitosas, permitir asignar hasta el 5 % del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) para que se brinde asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales beneficiarios, autorizar a los gobiernos locales a suscribir convenios con los Proyectos Especiales de Inversión Pública, agilizar la adquisición y disponibilidad de terrenos, entre otros.

Sin embargo, en lo referente a establecer excepcionalmente reglas para efectuar variaciones a los convenios de inversión que fueron desarrollados bajo el mecanismo de obras por impuestos y la autorización del uso de los recursos provenientes de la fuente de financiamiento para intervenciones en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRC), la comisión consideró conveniente no otorgarles las facultades solicitadas.

Sobre este último punto, el legislador Alex Paredes (BMCN) solicitó que se permita la participación del jefe de presupuesto del PIRC, quien expresó que la materia no generaba cambios en el presupuesto nacional, lo cual fue rebatido por el equipo técnico de la comisión.

Por su parte, el congresista Carlos Anderson (No A) lamentó que las propuestas el MEF hayan carecido de un análisis de impacto, donde se pueda graficar la situación actual de las materias abordadas y el impacto en recaudación y formalización que generarían las normas planteadas. Asimismo, resaltó que otorgar facultades legislativas es un acto responsable, pero no un salto de fe.

Este dictamen, que recoge 6 de los 8 puntos solicitados en materia económica, obtuvo el voto favorable de 15 legisladores, 2 votaron en contra y 3 en abstención.

En otro momento de la sesión, la presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, Diana Gonzales (Avanza País), expuso el dictamen con los 18 literales que forman parte del numeral 2.2 del proyecto de ley donde se sustenta el pedido de facultades legislativas.

En dicho documento, se plantea otorgar facultades con el objetivo de actualizar la estrategia de modernización y estandarización trámites, además de eliminar procedimientos administrativos o estandarizarlos, establecer la condición de los miembros de los órganos colegiados de los organismos técnicos especializados en caso que no tengan ya una designación regulada, unificar la denominación de sus órganos resolutivos, así como también para establecer la conformación de sus tribunales administrativos, entre otros.

El legislador Eduardo Castillo (FP) señaló que el dictamen colisiona con el informe consultivo de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, el cual fue aprobado por unanimidad por sus integrantes y recomienda negarle al Ejecutivo la posibilidad de legislar acerca de lo concerniente al patrimonio cultural, ya que se encuentran ejecutando una iniciativa legal al respecto.

Gonzales Delgado señaló que dicha iniciativa podría continuar su procedimiento regular, sin impedimento de otorgar las facultades requeridas.

En otros acápites del documento, se considera inviable otorgar facultades en cuanto a brindar las condiciones para la continuidad de la operación de los Centros MAC, el fortalecimiento de los instrumentos de la mejora de la calidad regulatoria en los tres niveles de gobierno, las modificaciones a la Ley de Presupuesto y para establecer la regulación jurídica para la emisión de licencias de habilitación urbana.

El congresista Carlos Zeballos (PP) sostuvo que la delegación de facultades referentes a la simplificación de procedimientos en las edificaciones rurales y urbanas era necesaria, argumento que fue rebatido por su colega Jorge Morante (FP), quien enfatizó la necesidad de salvaguardar los estándares de seguridad en las edificaciones.

Al final del debate, 12 congresistas apoyaron la iniciativa con su voto a favor, 2 votaron en contra y 4 en abstención.

OFICINA DE COMUNICACIONES