La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar su informe final respecto a la denuncia constitucional declarada procedente contra la legisladora Heidy Juárez Calle (PP).

La decisión de adoptó por 21 votos a favor, uno en contra y una abstención. Ello en cumplimiento al inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso referido al procedimiento de acusación constitucional.

“(…) El plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de quince (15) días hábiles, prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales (…)”, señala el Reglamento.

Se trata de la Denuncia Constitucional 357, formulada por el ciudadano José Benel Alvarado Rojas, hecha suya por la congresista María del Carmen Alva Prieto, contra la congresista Heidy Lisbeth Juárez Calle, como presunta autora de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión, artículo 382 del Código Penal y por la presunta infracción constitucional de los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú.

AL ARCHIVO

Previamente, la Comisión Permanente, que fue conducida por el presidente José Williams Zapata, envió al archivo seis denuncias constitucionales declaradas improcedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Ellas son:
-Denuncia Constitucional 58 (antes 394) contra el fiscal supremo Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, por el presunto delito de prevaricato, tipificado en el artículo 418 del Código Penal.
-Denuncia Constitucional 60 (antes 397) contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, por obstrucción a las investigaciones fiscales.
-Denuncia Constitucional 77 (antes 419) contra el señor Henry José Ávila Herrera en su condición de miembro de la Junta Nacional de Justicia, por la presunta infracción constitucional del artículo 139 (numeral 2) de la Constitución Política del Perú; y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales, previsto en los artículos 376 y 377 del Código Penal, respectivamente.
-Denuncia Constitucional 118 contra el expresidente de la República José Pedro Castillo Terrones, ex primer ministro Guido Bellido Ugarte y exministro del Interior Juan Manuel Carrasco Millones, por la presunta infracción constitucional de los artículos 40 (segundo párrafo), 118, 122, 126 (segundo párrafo), 128, 146 y 153 de la Constitución Política del Perú.
-Denuncia Constitucional 54 (antes 390) contra los exministros María Antonieta Alva Luperdi, Walter Roger Matos Ruiz y contra el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por la posible comisión de infracción constitucional al artículo 77 de la Constitución Política del Perú y por los delitos de discriminación, abuso de autoridad y falsedad genérica, tipificados en los artículos 323, 376 y 438 del Código Penal, respectivamente.
-Denuncia Constitucional 237 contra el expresidente de la República José Pedro Castillo Terrones, por la posible infracción constitucional al artículo 175 de la Constitución Política del Perú.

OFICINA DE COMUNICACIONES