La Comisión Permanente otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar su informe respecto a tres denuncias constitucionales declaradas procedentes.

Ello en cumplimiento al artículo 89 inciso d) del Reglamento del Congreso referido al procedimiento de acusación constitucional

“(…) El plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de quince (15) días hábiles, prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales (…)”, señala el Reglamento.

Por unanimidad (27 votos), se otorgó ese plazo a la Denuncia Constitucional 75, (antes 417) formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el exjuez supremo César José Hinostroza Pariache por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y patrocinio ilegal, tipificados en los artículos 400, 399 y 385 del Código Penal, respectivamente. Informe presentado el 6 de enero de 2022.

Por 16 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones, se otorgó el plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar informe final sobre la Denuncia Constitucional 132, formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera

Se trata de la acusación contra el expresidente de la República, Manuel Arturo Merino de Lama, el expresidente del Consejo de Ministros, Antero Flores-Araoz Esparza y el exministro del Interior, Gastón César Augusto Rodríguez Limo, como presuntos autores, por omisión impropia, del delito de homicidio, en agravio de Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, y lesiones graves y lesiones leves, a título de dolo eventual, en agravio de Fermín Marlon Cruz Ances y otros, tipificados en los artículos 106, 121 y 122 del Código Penal, respectivamente

Por 28 votos a favor, 1 en contra, se aprobó otorgar ese mismo plazo a la Denuncia Constitucional 201, formulada por la congresista de la República Patricia Chirinos Venegas, contra el exministro de Defensa, Walter Edison Ayala Gonzáles, por la presunta comisión de los delitos de coacción y patrocinio ilegal, previstos en los artículos 151 y 385 del Código Penal, respectivamente; y presunta infracción al artículo 39 de la Constitución Política del Perú.

AL ARCHIVO

La Comisión Permanente envió al archivo diversas denuncias constitucionales declaradas improcedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, entre ellas:

-Denuncia Constitucional 120, (antes 456) contra los ex congresistas Mirtha Esther Vásquez Chiquilín, ex presidenta del Congreso de la República; Luis Andrés Roel Alva, ex segundo vicepresidente del Congreso de la República; y, Matilde Fernández Florez, ex tercera vicepresidenta del Congreso de la República-

-Denuncia Constitucional 121, (antes 458) contra el excongresista Jorge Alfonso Alejandro Del Castillo Gálvez

-Denuncia Constitucional 122, (antes 412) formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera contra el excongresista César Henry Vásquez Sánchez-

-Denuncia Constitucional 123, (antes 411) formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera contra el excongresista Ángel Javier Velásquez Quesquén.

Finalmente, fueron enviadas al archivo diversas denuncias constitucionales declaradas por caducidad en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se remitirán en copias al Ministerio Público.

Se trata de la Denuncia Constitucional 39 (antes 355), la Denuncia Constitucional 40 (antes 356), la Denuncia Constitucional 185 (antes 352), la Denuncia Constitucional 174 (antes 207) y la Denuncia Constitucional 38 (antes 354) formuladas contra el expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y algunos exministros de Estado de ese Gobierno.

OFICINA DE COMUNICACIONES