El congresista Jorge Montoya Manrique, de la bancada de Honor y Democracia, dijo, esta tarde, que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los comités autodefensa asumieron la responsabilidad de defender a la patria, restableciendo el orden interno y defender a los millones de peruanos, ante la violencia terrorista.

Así lo manifestó en el foro denominado “Democracia, soberanía jurídica y lucha contra el terrorismo”, organizado por su despacho parlamentario, con la presencia del expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, además de los constitucionalistas Ángel Delgado Silva y Luis Pacheco Mandujano. El evento se desarrollo en el auditorio Alberto Andrade Carmona.

Durante su breve discurso, Montoya Manrique sostuvo que, los que lucharon en contra de la violencia terrorista no lo hicieron por interés personal, sino porque era su deber constitucional y que -gracias a ese esfuerzo- el Perú recuperó la paz.

“Sin embargo, resulta imposible no advertir una profunda contradicción en la actuación del propio Estado peruano en las últimas décadas, mientras lo que defendieron la democracia enfrentan procesos interminables. Diversos gobiernos han optado decisiones que han significado beneficios directos para las personas condenadas por terrorismo, esta situación genera indignación”, expresó.

Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, señaló que el Perú viene haciendo enormes esfuerzos por consolidarse como un Estado constitucional, el cual la Constitución expresa la voluntad normativa del pueblo a través del ejercicio del denominado poder constituyente.

El constitucionalista Ángel Delgado Silva dijo que los derechos que defiende la ley de amnistía no son cualquiera, sino son fundamentales. «Es el derecho al debido proceso y, entre ellos, al derecho del plazo razonable contemplados en la Constitución Política del Estado», detalló.

Luis Pacheco Mandujano indicó que el Poder Judicial viene sufriendo de la existencia de un activismo judicial de naturaleza político, que ha producido como efecto que los jueces hayan entrado en un franco momento de resistencia y rebeldía, negándose a cumplir la Constitución y la ley.

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