Representantes de Distriluz y Enel se presentaron en Comisión de Defensa del Consumidor
Opinan que propuesta para tarifas eléctricas justas pondría en riesgo inversiones proyectadas
Centro de Noticias del Congreso
10 Ago 2020 | 19:52 h
Inversiones proyectadas por 4 mil millones de soles podrían verse afectadas si prospera el proyecto de ley 5108/2020-CR que propone modificar el artículo 79 de la Ley de Concesiones Eléctricas para reducir de 12 a 10 % la Tasa de Actualización utilizada en el proceso de fijación de tarifas eléctricas, que tiene como objetivo garantizar tarifas justas para los usuarios y consumidores.
Así lo advirtió el gerente general de Distriluz, Javier Muro Rosado, en la sesión virtual que realizó la Comisión de Defensa del Consumidor el lunes 10, donde informó que la empresa de distribución eléctrica invierte 300 millones de soles anualmente.
“27 mil 400 millones de dólares se han invertido en los últimos años. 65 mil millones de dólares ha sido el aporte del sector eléctrico al Producto Bruto Interno nacional y esto es muy importante”, dijo.
Respecto del impacto del proyecto de ley en debate, indicó que el panorama se presenta en un contexto de reducción de ingresos en 8.4 % debido a la reducción de demanda en 30 % de los últimos meses, sin embargo, los costos aumentan por mayores costos covid, sobrecompras de Potencia e incobrabilidad (60 %).
“La distribución actualmente se encuentra muy afectada por el impacto del covid-19. Los ingresos para inversión se verán reducidos en 62.5 MM S/ por año, lo cual representa un 22.6 % menos de inversiones (PPO 2020: 277 MM S/) y 8.0 % menos de valor. Se proyecta que este año tengamos 120 millones de soles menos de ingresos para inversiones y la modificación de la tasa significaría un impacto negativo”, dijo.
Sobre los temas legales y regulatorios señaló que la aplicación de una nueva TA a las tarifas aprobadas en los procesos de fijación tarifaria vigentes hasta el 2023, sería retroactiva y vulnera la Constitución. Además, subrayó que sería discriminatoria pues el cambio de la TA indica que solo aplicaría a la actividad de distribución y así sea ampliada a las otras actividades el impacto afectará en mayor proporción al distribuido.
A respecto, la congresista Carmen Omonte (APP) -autora del proyecto de ley- dijo que “como comisiones estamos acostumbrados a que las propuestas de ley que buscan satisfacer la demanda de la ciudadanía, reciban opiniones en contra”. Agregó que “quién no va apoyar las inversiones que generan trabajo y bienestar de la población”, sin embargo, observó que la norma que hoy permite esa tasa de actualización del 12 % se dio en una circunstancia especial -hace 3 décadas- con torres eléctricas dañadas y había que tomar una decisión de atraer inversiones y eso evidentemente ha cambiado, subrayó.
Sobre el mismo tema también participó en la sesión José Manuel Revuelta, Country Manager de Enel Perú quien advirtió que “esta reducción sin precedentes en el nivel de ingresos de las distribuidoras las haría económicamente insostenibles, afectando su capacidad de afrontar la ampliación de los niveles de cobertura eléctrica y la mejora de la calidad de suministro pues su nivel de inversión y mantenimiento se reduciría drásticamente”, dijo Revuelta al tiempo de advertir que los segmentos que serán más afectados por las menores inversiones apenas verán reducidos sus recibos.
Agregó que, debido a la naturaleza de la actividad, el COVID-19 ha afectado fuertemente y plantear una modificación de la tasa en el contexto actual llevaría al límite la difícil situación que vienen enfrentando las distribuidoras.
“Ninguno de estos efectos negativos está reconocido en la tarifa”, dijo.
Revuelta agregó que el nivel de endeudamiento se ha incrementado en S/ 526 millones para: sostener la cadena de pagos del sector eléctrico; financiar a nuestros clientes, nuestras cuentas por cobrar aumentaron en 70 % hasta los S/ 671 millones. Adicionalmente, cerraremos el 2020 con inversiones en la red eléctrica de alrededor de S/ 381 millones.
PROYECTO DE LEY
Durante la sesión la congresista Zenaida Solís Gutiérrez (PM) sustentó el proyecto de ley 5913/2020-CR, ley que efectiviza el control previo de operaciones de concentración empresarial.
“La presente ley tiene por objeto modificar diversos artículos de la normativa sobre el régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial con la finalidad de: lograr su efectividad en beneficio de la libre competencia, que se mantenga en el tiempo sin caducidad y que se ajuste a la realidad económica y social del país”, dijo la legisladora.
Explicó que se plantea la eliminación de la temporalidad. De acuerdo a la legislación actual, el decreto de urgencia que establece el control de fusiones tiene un plazo de vigencia de 5 años, a partir de marzo de 2021. “En la legislación propuesta se adelanta su entrada en vigencia a un mes después de aprobada la norma y se elimina la temporalidad de 5 años”, refirió Solís.
OPINIÓN DU 013-2019
La comisión realizó el estudio del Decreto de Urgencia 013-2019, que establece el control de operaciones de concentración empresarial, (Ley Antimonopolio) presentado a la Comisión Permanente durante el interregno parlamentario.
Recibió la opinión institucional de la presidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Hania Pérez de Cuellar; así como de Jesús Espinoza, secretario técnico de la Comisión de Libre Competencia.
Ante la interrogante planteada por la congresista Solís de que si el Indecopi estarían en condiciones de tener responsabilidad final en el control de fusiones, la representante de dicha institución dijo que “sí estamos en capacidad de asumirlo”, sin embargo, subrayó que es importante fortalecer la capacidad técnica y presupuestal de Indecopi. “Es una responsabilidad muy grande la que estamos asumiendo hoy como institución”, concluyó.
Lima, 10 de agosto de 2020
PRENSA-CONGRESO