Nueve denuncias constitucionales que cuentan con informes finales acusatorios se encuentran en el Consejo Directivo para que sean incluidas en la agenda del Pleno del Congreso, entre ellas, tres en contra del excongresista Daniel Salaverry Villa.

Se trata de las denuncias presentadas por la exlegisladora Janet Sánchez Alva; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera; y del ciudadano Carlos Ernesto Quispe Gonzales, por la presunta comisión de delitos que habría cometido el exlegislador.

Así lo dio a conocer la presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosío Torres Salinas (APP), quien indicó que otras dos denuncias corresponden a la presentada por la fiscal de la Nación contra el exconsejero Guido Águila Grados, por la presunta comisión de delitos; y de la exparlamentaria Yeni Vilcatoma De la Cruz contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por infracción constitucional.

También, se refirió a las denuncias constitucionales acumuladas, que ya tienen informe final, del exlegislador Franco Salinas López y de la fiscal de la Nación en contra el exfiscal Pedro Chávarry Vallejos, por infracción constitucional.

Torres Salinas indicó que otras dos denuncias, no acumuladas, cuentan con informe final. Se trata de la acusación de la fiscal de la Nación contra el excontralor Édgar Alarcón Tejada por la presunción de la comisión de delitos; y contra el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi por la presunta comisión de delito contra el destituido fiscal supremo Tomás Gálvez.

“En suma, hay 16 denuncias constitucionales que están listas para ser tratadas en sus respectivas instancias en el estado en que se encuentran, por lo que creemos que conveniente sugerir a la Presidencia del Congreso que las agende a fin de que prosigan en su trámite, según el Reglamento”, expresó.

DENUNCIAS PENDIENTES

Torres Salinas refirió la existencia de siete denuncias constitucionales pendientes en la Comisión Permanente, cuatro de ellas con informes de calificación improcedente.

Se trata de la presentada por el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo, Franklin Falla Cortez, en contra de la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilin, y los exvicepresidentes Luis Roel Alva y Matilde Fernández Flores.

Así también las formuladas por la fiscal de la Nación contra los excongresistas Jorge Del Castillo Gálvez, Henry Vásquez Sánchez y Javier Velásquez Quesquén.

Torres Salinas informó sobre tres acusaciones que tienen informes finales acusatorios. Se trata de la denuncia del ciudadano Juan Alberto Ágreda Huamán contra los magistrados del Tribunal Constitucional: Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinoza Saldaña Barrera, por supuesta infracción constitucional y comisión del delito de función de prevaricato.

También, las denuncias acumuladas de los excongresistas María Teresa Cabrera Vega, Jesús Arapa Roque y Rubén Ramos Zapana contra el expresidente Martin Vizcarra por una serie de presuntos delitos. Entre ellos organización criminal, concusión, colusión agravada, peculado doloso, malversación, derecho pasivo propio, negociación incompatible, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

En otro momento, la subcomisión aprobó, por mayoría, realizar una consulta a la Comisión de Constitución y Reglamento sobre el tratamiento de los intereses difusos, habida cuenta de la presentación de una serie de denuncias de ciudadanos que no son directamente afectados.

DELEGAN PARA ESTUDIO

Finalmente, la titular de la subcomisión delegó para su estudio al congresista Paúl Gutiérrez Ticona (PL) la denuncia constitucional presentada por el ciudadano Guillermo Sandoval Aguilar; contra exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, por la presunta comisión del delito de discriminación

La denuncia de la excongresista Carolina Lizárraga Hougton, contra el ex fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas, por infracción a la Constitución fue delegada al congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP)

Las acusaciones acumuladas del excongresista Richard Arce Cáceres, y la de fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el excongresista Roberto Gamaniel Vieira Portugal, por infracción a la Constitución, y por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado fue delegada a la congresista María Taipe Coronado (PL).

OFICINA DE COMUNICACIONES