El Pleno del Congreso aprobó prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 facultades a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para entregar de forma gratuita certificados digitales a las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos anuales sean hasta de 300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Se trata del Proyecto de Ley 6104/2023-CR, que prorroga el plazo establecido en la cuarta disposición complementaria, transitoria y final de la Ley 27269, Ley de firmas y certificados digitales.

Durante la sustentación de la iniciativa legislativa, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, César Revilla Villanueva (FP), manifestó que la autorización a la SUNAT para ejercer funciones de Entidad de Registro o Verificación (EREP), durante los años fiscales 2020 al 2023, ha permitido beneficiar a más de 140,000 contribuyentes de la pequeña y mediana empresa.

“En caso no se prorrogue la autorización conferida a la SUNAT para ejercer funciones de EREP, se podría afectar a los sujetos antes mencionados, quienes tendrían que asumir con sus propios recursos el costo de obtención de certificados digitales. Ello desincentivaría el uso de comprobantes electrónicos, los cuales impactan de forma directa en la mejora de la productividad y la gestión de los negocios”, puntualizó Revilla.

Asimismo, la norma establece que a partir del 1 de enero de 2026, la SUNAT puede continuar con sus funciones de Entidad de Registro o Verificación siempre que haya cumplido con los procedimientos de acreditación respectivos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

La congresista Katy Ugarte Mamani (UDP), autora del proyecto de ley, dijo que la ampliación del plazo establecido permitirá que la SUNAT lleve a cabo acciones destinadas a la ejecución de la estrategia de incorporación gradual al Sistema de Emisión de Comprobantes de Pago y Documentos Electrónicos y evitar un encarecimiento del costo administrativo para cumplir con sus obligaciones tributarias respecto del universo de contribuyentes ya referido.

La propuesta legislativa obtuvo 117 votos a favor y fue exonerada de segunda votación.

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