El Pleno del Congreso aprobó, con 94 votos a favor, 6 en contra y 15 abstenciones, la segunda votación de la reforma constitucional que plantea el fortalecimiento del sector educación con una inversión anual de no menos del 6 % del producto bruto interno (PBI). Para ello se modificó el artículo 16 de nuestra Constitución.

Lo hizo, además, con el propósito de impulsar el cierre de brechas de desigualdad social en este derecho consagrado en nuestra Carta Magna y en respuesta a un clamor popular que demanda acceso a educación en condiciones mínimas de calidad.

Fue en la sesión plenaria virtual que se realizó el sábado 19, dirigida por la presidenta a. i. del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín.

La sustentación del dictamen, que fue aprobado en primera votación con 115 votos el pasado 5 de julio, fue realizada por el congresista Omar Chehade Moya (APP), presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento.

La fórmula legal señala que “la educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6 % del PBI”.

“Hoy vemos que el presupuesto del sector educación para el 2019 fue de 4,05 del producto bruto interno. Seguimos aún por debajo de lo tienen países, donde la base de su desarrollo es la educación”, dijo el legislador.

Agregó que, en cuanto a la financiación, el problema ya era preocupante antes de la pandemia de la COVID-19 con un déficit de financiación que nos impedía lograr el objetivo de desarrollo sostenible 4, relativo a una educación de calidad.

“Nuestras 114 543 escuelas a lo largo y ancho del Perú exigen, hoy, que pongamos fin a sus carencias y resolvamos el problema en infraestructura, su operatividad digital y cerremos esa injusta brecha de desigualdad entre la educación en el sector rural y las zonas urbanas”, puntualizó Chehade.

Dijo, además, que, mediante una disposición complementaria y final, se precisa que “el Ministerio de Educación determina las políticas nacionales en materia de educación, deporte y recreación, en concordancia con los planes de desarrollo, la política general del Estado, los criterios de priorización de inversiones del sector educación y el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, bajo el criterio de cierre de brechas”.

EL DEBATE

El debate lo inició el congresista Luis Valdez (APP), autor de una de las propuestas, quien observó que la educación es la herramienta más importante para cerrar las brechas sociales.

“No le demos la espalda a nuestros niños de hoy”, dijo. En tanto que su colega, Luis Reymundo Dioses (SP), señaló que “el mejor legado que este Congreso va a dejar a los niños y jóvenes es dejar consagrado en la Constitución un presupuesto mínimo de 6 % del PBI”.

Asimismo, subrayó que la reforma constitucional va a permitir atender a más de siete millones de estudiantes de colegios, instituto y universidades públicas.

Por su lado, Jorge Vásquez Becerra (AP) dijo que cuando se empezó a ver los temas de reforma constitucional pensó que el tema de la educación estaría contemplado en la Ley de Presupuesto, pero no fue así, por eso -dijo- se hace necesario que se haga la modificación constitucional para que el Gobierno lo teme en cuenta.

“Vamos a apostar por la reforma constitucional, porque vamos a darle al Ejecutivo los instrumentos necesarios para responder con una política adecuada para que tengamos mejores ciudadanos en el país”, agregó Vásquez.

A su turno Daniel Olivares (PM) observó que se ha mencionado 6 % PBI, pero no es lo mismo que el presupuesto nacional (que representa el 21% del PBI), es decir, dijo que se estaría proponiendo para educación el 70 % del presupuesto de un año para el otro.

“Aumentar el PBI podría ser engañoso. Hay que tener claro el tema para no meter la pata”, concluyó, no sin antes subrayar que la educación es eje fundamental del país.

Isaías Pineda (Frepap) dijo que es necesario emprender un cambio y asumir el compromiso en beneficio de las futuras generaciones garantizándoles el acceso a educación; en tanto que su colega Richard Rubio Gariza (Frepap) observó que la propuesta de reforma constitucional no debe estar en la Carta Magna, sino que debe nacer de la voluntad del Poder Ejecutivo destinar recursos para dar impulso a la educación.

Durante el debate la congresista Martha Chávez advirtió que la propuesta no cuenta con opinión técnica del MEF ni de ninguna institución financiera del Estado.

Marcos Pichilingue (FP) manifestó que los presupuestos en educación están destinados a otros propósitos antes que a infraestructura que es lo que realmente se necesita.

“Este año se destinó 31 mil millones al sector, 7438 millones para inversión, solo se ha usado 3028 millones, es decir, un 40 % y se tendrá que devolver el resto. Entonces, no se trata de más presupuesto”, acotó el legislador.

PRENSA-CONGRESO