La expresidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe Trujillo, dijo ante la Comisión Investigadora conocida como ‘Lava jato’, que aceptó  ese cargo –hasta julio de 2017, en que fue cesada- porque creyó y confió en que el Ejecutivo iba  a dar una lucha frontal contra la corrupción y respaldó la labor de la exprocuradora ad hoc Katherine  Ampuero.

Afirmó que los procuradores públicos no son abogados del Gobierno, sino del Estado y por tanto es importante garantizar que informen sobre sus acciones a la opinión pública.

Con estas premisas, Príncipe Trujillo informó el lunes 7 ante ese grupo investigador sobre las causales de su separación del cargo y la destitución de la exprocuradora ad hoc para las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que habría incurrido, entre otras, la empresa brasileña Odebrecht.

En más de una ocasión, la abogada sostuvo que la labor de los procuradores es representar y defender los intereses del Estado, y sobre su destitución y la de su colega Ampuero, como lo fue antes la obstrucción a la procuradora pública del Ministerio del Interior, Katy Aquize, dijo que el DU 003-2017 fue una excusa para separarlas de sus cargos.

En otro momento, la exprocuradora se preguntó si era necesario el decreto de urgencia para garantizar el pago de la reparación civil por parte de las empresas investigadas, e hizo un recuento de que en marzo último la procuraduría ad-hoc envió al Ministerio de Justicia un oficio señalando algunas recomendaciones respecto a algunos vacíos del DU y que se haga extensivo los alcances de esa norma, sin restricciones de porcentajes, a empresas como Graña y Montero, JJCamet, IGSA y otras.

También informó que la procuraduría dio a conocer al MINJUS que no existían sanciones para los agentes retenedores que no cumplan la obligación legal de retener el porcentaje de las ganancias que se otorga como pago en los contratos que se mantiene con Odebrecht. En respuesta, el Ministerio dijo que las consecuencias jurídicas para los agentes retenedores que no cumplan con el DU “se aplicarán las sanciones de la Ley 27444, de Procedimiento Administrativo y la Ley 27785.

La doctora Príncipe comentó luego que el DU 003 no establece que las empresas corruptas se tengan que ir del país, tampoco establece que del producto de la venta de activos se tenga que detraer o retener una parte para el pago de la reparación civil, y que la actuación de la procuradora pública no estaba restringida en lo absoluto por el decreto de urgencia y que podía solicitar la inhibición.

Sin embargo, la posición de la secretaría general de ese ministerio expresada en un oficio es que una inhibición de la procuraduría “habría colisionado con los claros objetivos del decreto de urgencia”, que son incentivar la intervención de toda relación y las compañías corruptas a través de una salida ordenada que no impacte adversamente en los proyectos. Estas opiniones en contrario y hasta contradicciones hicieron que la ministra Pérez Tello perdiera la confianza, primero, en la doctora Ampuero y luego en Príncipe Trujillo, quien expresó su respaldo a la exprocuradora ad hoc.

La expresidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado dijo también que reiteradamente el Ejecutivo hizo caso omiso a la solicitud de un incremento presupuestal de 35 millones de soles para reestructurar las procuradurías en el país, acción que calificó como una obstrucción.

En otro momento dijo en la comisión, que nunca se les comunicó sobre la venta del proyecto de irrigación de Olmos (habría sido realizada en noviembre del año pasado), que tampoco se condijo con lo señalado en el DU, y que no estaba segura si se vendía o no y menos su valor. Según el representante de Odebrecht, Jorge Barata, la venta de Olmos fue para pagar a los acreedores, no la reparación civil.

En resumen, la doctora Julia Príncipe dijo que los argumentos en contrario de lo que expresa el DU 003 –como la inhibición y la posibilidad de que se le investigue o se interrogue al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski- fue una excusa para la decisión arbitraria de separar del cargo a la procuradora.

Afirmó que ella fue utilizada por el Ejecutivo y que su imagen sirvió para fines mediáticos, pero “jamás hubiera permitido que la manipularan” y que “todo funcionario, de cualquier nivel debe ser interrogado por el bien del país”.

Posteriormente usaron de la palabra los miembros de la comisión investigadora, entre ellos el congresista Gino Costa, quien preguntó cómo la exprocuradora Ampuero solicitó la inhibición; Mauricio Mulder preguntó si la actual procuraduría evitaría que el DU 003 sea aplicable. El congresista Héctor Becerril, por su parte, le expresó su solidaridad a título personal y dijo que reconocía su trabajo en casos importantes sobre la corrupción en el país porque permitió que esos casos fueran investigados a fondo por la Comisión de Fiscalización.

También intervinieron los congresistas Víctor García Belaunde –sobre la venta de Olmos- y Marisol Espinoza, quien compartió la posición de sus colegas para que se restablezca la seguridad que le fuera levantada por el Ministerio del Interior.

PRENSA CONGRESO

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