La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Leslye Lazo Villón (AP), respaldándose en la potestad que otorga el Reglamento del Congreso de fiscalizar el funcionamiento de los órganos estatales, dejó en claro la posición de dicho órgano parlamentario y descartó cualquier tipo de intromisión en el Ministerio Público por el interés de invitar a su titular para conocer todo lo relacionado al caso “Los Cuellos Blanco del Puerto”.

“El Congreso solo está ejerciendo su labor de fiscalización y el Ministerio Público (MP) debe cumplir con su deber de informar”, así lo señaló la parlamentaria en la sesión virtual que realizó el martes 7 y en la que participó la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera.

La titular del MP inició su participación explicando el motivo que por “temas estrictamente funcionales” no pudo asistir a dos invitaciones anteriores por parte de la comisión.

También, cuestionó la moción de extrañeza y malestar –aprobada por el Pleno del Congreso– por su gestión frente a la Fiscalía de la Nación, porque “representa una inminente vulneración a la autonomía e independencia del Ministerio Público que consagra la Constitución”, dijo.

“Sorprendentemente, el mismo día se decide reiterar la invitación para el 9 de marzo con un apremio de ser denunciado por infracción a la Constitución en caso de inconcurrencia, lo cual es inédito para mí en los años que vengo ejerciendo como fiscal. Citarme no está mal, pero yo cuestiono ¿citarme bajo amenaza?”, dijo la fiscal.

Zoraida Avalos descartó que esté confrontado al Congreso. “Yo respeto la majestad de todos los miembros del Congreso. Lo que considero antidemocrático es que se cite a la representante del Ministerio Público –que soy yo– bajo amenaza”, reiteró.

La fiscal de la Nación dejó zanjado el tema tras aceptar que el Congreso solo tiene interés de saber la verdad.

“Señora fiscal, tenga usted por seguro que no estamos enfrentados. Téngalo por seguro que estamos del mismo lado en la lucha contra la corrupción; pero también estamos dispuestos (nosotros como congresistas) a ejercer nuestra atribución constitucional de fiscalización”, dijo por su parte la presidenta de la Comisión de Justicia.

Ávalos Rivera fue invitada para que informe sobre las acciones que ha dispuesto su despacho para garantizar el trabajo de investigación en el caso denominado “Los Cuellos Blancos del Puerto”; así como las acciones administrativas adoptadas con relación a la reunión realizada entre las fiscales Sandra Castro Castillo y Rocío Sánchez Saavedra, esta última responsable del Equipo Especial “Los Cuellos Blancos del Puerto”, en el 2018, con el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, a fin de tratar asuntos institucionales del Ministerio Público.

Al respecto informó que el órgano desconcentrado de control de Lima inicia investigación disciplinaria a las fiscales Sánchez y Castro. La Junta Nacional de Justicia también ha empezado el procedimiento disciplinario. “He tenido que colocar reemplazos. El 3 de marzo se nombra a los fiscales Juan Carlos Cabrera Segovia y Magaly Quiroz Caballero”, agregó al tiempo de subrayar que desde el inicio de su gestión ha apoyado a los fiscales que investigaban el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Agregó que su gestión se encuentra comprometida en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. “Nuestra sociedad necesita que se sepa la verdad y se sancione a los responsables en este caso emblemático”, concluyó.

Durante la ronda de preguntas, el congresista César Gonzales Tuanama (DD) pidió conocer qué acciones puntuales se están tomando con las fiscales que se reunieron con Vizcarra.

“¿A raíz de estas reuniones se las excluyó de la investigación del señor Vizcarra o quizás la información preliminar, que dieron las fiscales, ha servido para tapar algunos hechos de corrupción?”, preguntó el legislador con quien coincidió Walter Ascona Calderón (APP).

¿Qué medidas se han tomado contra las fiscales que han actuado en contra de la ley, qué sanciones podrían recaer en las fiscales tanto administrativas y penales?”, dijo el parlamentario.

“Cuando se investiga al señor Vizcarra no pasa absolutamente nada. Ahora nos damos con la sorpresa de que las fiscales estuvieron en la casa de Vizcarra”, dijo el congresista Omar Chehade (APP).

Por su parte, la legisladora Martha Chávez dijo a la fiscal que mucho se habla de su relación amical directa con Vizcarra o de su relación familiar con el expresidente, que al final no es mala, lo incorrecto sería no transparentarlo.

“¿Cuántas veces visitó Palacio?, ¿cuántas veces se reunió a solas?, ¿cuántas veces invitó a su casa a las fiscales Castro y Sánchez?”, preguntó la parlamentaria.

Avalos Rivera descartó tener algún vínculo de amistad con el expresidente y aseguró que visitó Palacio de Gobierno únicamente para reuniones de trabajo y siempre acompañada de funcionarios. “Nunca he ido a su casa. Se ha tejido un mito que soy amiga de Vizcarra, pero no hay ninguna prueba” agregó.

A su turno, la congresista María Teresa Cabrera (PP) preguntó a la letrada si conoce la carpeta de investigación reservada número 5 que abrió la fiscal Rocío Sánchez para investigar los tentáculos de José Cavassa Roncalla en varias instituciones, entre ellas, el Ministerio Público. La parlamentaria mostró una foto grupal donde se observaría a Martín Vizcarra, Richard Cisneros y a Avalos Rivera.

La letrada descartó que estuviera presente en la referida imagen. “Yo no soy la de la foto y lo acredito con una pericia. Que diga el señor Vizcarra quienes estuvieron allí, pero no soy yo”, señaló.

Por su lado, el congresista Wilmer Cayahua (Frepap) preguntó a la fiscal de la Nación si no le llama la atención que la fiscal Sandra Castro vivía en el mismo condominio del presidente Vizcarra.

“¿Cada fiscal tiene discrecionalidad respecto a las medidas cautelares o usted interviene en caso se observen irregularidades?”, dijo el parlamentario.

Finalmente, la fiscal de la Nación rechazó que haya habido un presunto favorecimiento en su designación como fiscal suprema, versión que habría revelado un colaborador eficaz.

Lima, 9 de marzo de 2021.

OFICINA DE COMUNICACIONES