El Decreto Legislativo 1287 emitido por el Poder Ejecutivo elimina los registros de los revisores urbanos de los colegios profesionales y los transfiere al Ministerio de Vivienda a fin de que ese portafolio, mediante una lista de especialistas, se encargue de entregar las certificaciones para las habilitaciones urbanas, “lo cual es riesgoso”.

Esa es la razón por la que la presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, Marisa Glave (FA), pedirá este viernes la derogatoria de dos artículos del referido dispositivo a la congresista Úrsula Letona (FP), titular del Grupo de Trabajo encargado del Control Constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, el mismo que forma parte de la Comisión de Constitución y Reglamento.

Glave Remy sostuvo que el artículo en cuestión debe ser eliminado porque el Congreso de la República no le concedió al Poder Ejecutivo legislar en materia urbanística, con lo cual se ha extralimitado en el uso de la facultad; y, en segundo lugar, porque la modificación de la Ley Nro. 29090 no es de forma sino de fondo.

La legisladora se reunió con representantes de los colegios de Arquitectos y de Ingenieros, de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil y de la Cámara de la Construcción.

Glave indicó que la mesa de trabajo se desarrolló a pedido de los gremios para discutir la agenda de la ciudad y la vivienda, entre esos aspectos observar el DL Nro. 1287 por los cambios importantes hechos a la ley, entre ellos la eliminación del registro de los revisores urbanos.

“Está mal, porque el Poder Ejecutivo no tiene facultades para la materia urbanística y porque no ha implementado un mero trámite sino un sistema de revisión. Si cualquier tipo de infraestructura necesitaba de una autorización, eran los colegios profesionales dentro de las comisiones de las municipalidades, los que acreditaban a quienes finalmente hacían y aprobaban las revisiones”, anotó.

“Pero, ahora, ya no son los municipios, sino una lista de profesionales elaborada por el Ministerio de Vivienda, quienes podrán hacer la evaluación  y eso es riesgoso”, manifestó.

La legisladora indicó que al mover el sistema al Ministerio de Vivienda se corta el canal de los colegios profesionales, que son los que garantizan una certificación real.

Glave indicó que en horas de la mañana entregó a Letona Pereyra una carta con una solicitud de derogatoria de otro artículo del referido dispositivo, por extender a todas las modalidades de autorización municipal el silencio administrativo positivo. A esta se sumará la petición concordada con los gremios. (MED).

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