NARCOS, CORRUPTOS Y TERRORISTAS NO FINANCIARÁN CAMPAÑA ELECTORAL

Centro de Noticias del Congreso

09 Nov 2017 | 15:52 h

 

Por mayoría, la Representación Nacional reunida esta tarde en sesión plenaria del Congreso dejó listo para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo las nuevas normas legales que regularán el financiamiento público y privado para las organizaciones políticas y los candidatos a cargos electivos que, entre otros aspectos, prohíbe que los narcotraficantes, los terroristas o los corruptos financien las próximas campañas electorales.

También se prohíbe que los candidatos en una campaña electoral entreguen -o prometan hacerlo- dinero, regalos, alimentos, dádivas, medicinas, agua, materiales de construcción y otros objetos de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros por mandato del postulante y con recursos del candidato o de la organización política. 

Ello no se aplica -reza el dictamen aprobado- si es que con ocasión del desarrollo de un evento proselitista gratuito, se haga entrega de bienes para consumo individual o inmediato pues se trata de artículos publicitarios como propaganda electoral siempre que no supere el 0.3% de la Unidad Impositiva Tributaria por cada bien entregado.

 En caso que el postulante incurra en esta infracción legal, corresponderá al Jurado Electoral Especial imponerle una multa de 30 unidades impositivas tributarias, esto es, casi medio  millón de soles. Si el candidato reincide, quedará fuera de la competencia electoral. En caso que el bien entregado supere las dos unidades impositivas tributarias, el Jurado Electoral Especial dispondrá la exclusión del candidato infractor.

 Se prohíbe que las organizaciones políticas reciban aportes de entidades estatales, de confesiones religiosas de cualquier denominación, personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras; personas jurídicas nacionales sin fines de lucro; personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro, excepto cuando los aportes estén destinados a la formación, capacitación e investigación.

 Otro alcances aprobado es aquella que señala que las organizaciones políticas y los responsables de campaña, de ser el caso, presentarán los informes de rendición de cuentas de aportes, ingresos y gastos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el diario oficial El Peruano de la resolución que declara la conclusión del proceso electoral. 

 En el caso que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentre realizando una investigación sobre una persona natural o jurídica en particular, podrá solicitar información sobre su posible participación como aportante electoral durante tres años contados desde la conclusión del proceso electoral.

 El pronunciamiento en primera votación de la Representación Nacional fue de 68 adhesiones a favor, 17 en contra y 12 abstenciones. La exoneración de la segunda votación fue así: 60 votos a favor, 33 en contra y 5 abstenciones.

 La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Ursula Letona (FP) sustentó ante el pleno los alcances del  nuevo dictamen que fue elaborado por ese grupo de trabajo y que tomó en cuenta, según precisó, las sugerencias públicas formuladas por el Jurado Nacional de Elecciones, expertos en el tema electoral y pronunciamiento de los medios de prensa respecto del texto originalmente sancionado hace una semana.

 Durante el debate correspondió a los legisladores del Frente Amplio y de Nuevo Perú, Wilbert Rozas, María Elena Foronda,Hernando Cevallos, Richard Arce y Manuel Dammert, respectivamente, anunciar que votarán en contra de la propuesta sometida a debate porque, según alegaron, existe el riesgo que los próximos procesos electorales se conviertan en un festín mientras que Gloria Montenegro (APP) planteó que se incorpore la figura de la «dádiva cero» para que incursionen en la política los ciudadanos de bien.

 Por el lado de la bancada oficialista intervino Patricia Donayre quien alertó que exista dispersión normativa por lo que debería incorporarse sanciones políticas más estrictas más allá de las multas «porque puede ser que nunca se paguen. ¿Y qué pasa con los aportes en la época no electoral?» preguntó. (JSR)

 PRENSA CONGRESO  09-11-17

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